e acuerdo con información de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Citigroup permitió a sus clientes mover dinero ilícito a través de su filial mexicana, Banamex, lo que coloca virtualmente a esta institución financiera, la segunda más grande de cuantas operan en México, ante una investigación por lavado de dinero.

Debe recordarse que apenas el pasado martes Citigroup anunció el cierre de las operaciones de Banamex USA –la filial del banco mexicano en territorio estadunidense–, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y que recibió una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus políticas para prevenir esa práctica.

La nueva vertiente de las pesquisas de Banamex en instancias de la justicia estadunidense tiene un precedente ineludible: las pesquisas, realizadas también en ese país, a las operaciones de la filial mexicana de HSBC, en el contexto de las cuales se demostró el envío a oficinas de esa trasnacional financiera en Estados Unidos de unos 7 mil millones de dólares desde México entre 2007 y 2008, para transferir presuntas ganancias de los cárteles de la droga. Tras una oscura negociación entre las autoridades de Washington y la empresa financiera, ambas partes acordaron que la segunda pagaría una multa de casi 2 mil millones de dólares a cambio de evitar la imputación de cargos penales.

Hay, sin embargo, indicios que obligan a suponer que los casos de HSBC y Banamex no son excepcionales en lo que respecta al blanqueo de recursos ilícitos a través del circuito financiero de nuestro país. Debe recordarse al respecto que, más allá de las disparidades en los cálculos del dinero sucio que se inyecta anualmente a la economía nacional –entre 10 mil y 40 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones hechas en los últimos años por autoridades financieras nacionales, agencias de seguridad privada y el gobierno de Estados Unidos–, la magnitud de esos recursos hace inverosímil suponer que puedan ser lavados únicamente mediante empresas fachada, o bien que su entrada al sistema financiero se dé a través de depósitos hormiga inferiores a 500 dólares, que es el monto máximo para que una transacción en esa divisa no sea reportada a las autoridades financieras. Por lo contrario, es inevitable suponer que buena parte de los recursos provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas entra y sale del país mediante grandes transacciones bancarias, cambiarias y bursátiles realizadas a través del sistema financiero.

Por lo demás, el hecho de que los dos escándalos referidos hayan sido develados por pesquisas de la justicia estadunidense da cuenta de un relajamiento en las acciones gubernamentales para frenar el flujo de dinero ilícito en el país y su blanqueo en el sistema financiero. De confirmarse las sospechas que pesan sobre Banamex, las disposiciones del sistema financiero mexicano en la materia quedarían exhibidas como poco serias e insuficientes ante la magnitud del problema, y la credibilidad al propósito gubernamental de combatir y debilitar a las estructuras delictivas que operan en el territorio sufriría un nuevo revés: a fin de cuentas, sin el blanqueo de recursos procedentes de actividades delictivas las organizaciones criminales no podrían asegurar que sus actividades sean redituables en términos económicos. El combate a ese flagelo debiera constituir, en suma, el punto de arranque de toda acción oficial en contra de la delincuencia organizada.