La expedita investigación de la procuraduría de Michoacán ha concluido que los disparos del pasado domingo en el municipio de Aquila no fueron hechos por elementos del Ejército Mexicano, sino por personas desconocidas.

La declaración coincide con las primeras versiones oficiales que hablaron de disparos desde la maleza, que fueron respondidos con tiros al aire.

Jala aire Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia de Ostula: Podrán decir mil cosas para lavarse las manos. Es el gobierno y tiene todo para decir que tiene la verdad. Es doloroso y a la vez vergonzoso que no puedan reconocer. Nosotros estábamos haciendo una manifestación pacífica, apoyando al compañero Cemeí Verdía (comandante general de la policía comunitaria, detenido momentos antes de la balacera en que resultó muerto el niño Hidilberto Reyes García). El gobierno sabía bien que si detenía a Cemeí la comunidad no se iba a quedar de manos cruzadas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿quién se va a quedar así? Por eso llevaron todo ese ejército.

–Del lado de la comunidad hubo palos y piedras. ¿También tiros?

–Definitivamente no. Ya habíamos dado la orden de que ningún armado estuviera cerca de los retenes. De hecho ya había llegado la Fuerza Rural, pero los militares les habían quitado los rifles y las credenciales, los habían desarmado, siendo parte del gobierno. Y les dijeron que jamás volvieran a ponerse la playera.

Todo lo que hemos pasado es una forma de decir que Ostula fue una de las comunidades que sufrió más duramente el terror de Los caballeros templarios. El control de las minas, la explotación de la madera de zangualica y las codiciadas playas le costaron a la comunidad nahua 32 muertos y seis desaparecidos.

Vera Ramírez recuerda la fecha en que emprendieron la batalla por recuperar tierras que les habían sido arrebatadas mediante chicanadas: 29 de junio de 2009. Y la recuerda sobre todo porque, dice, al día siguiente en La Placita –lugar donde fue detenido Verdía– aparecieron amenazantes mantas con los nombres de los líderes de la comunidad: uno a uno mataron a todos los de la lista.

Apenas hace cuatro meses el gobierno de Michoacán firmó con los indígenas de Santa María Ostula un acuerdo mediante el cual se comprometió a capturar a los principales líderes del crimen organizado en la región. A cambio, y una vez concluidas esas detenciones, los comunitarios nahuas se comprometieron a levantar las armas.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los antiguos jefes de plaza de los templarios siguen libres. Y aunque están en la cárcel, desde fines de mayo pasado, el ex presidente municipal Juan Hernández Ramírez y algunos de sus cómplices, confesos, según la procuraduría estatal, de haberse coludido para matar a un líder; también está en prisión el blanco de sus ataques: Cemeí Verdía.

–Las armas que portaba y la camioneta blindada han sido argumentos para sugerir que Cemeí tenía ligas con el crimen, al menos en algunos medios.

–Las armas que él poseía son del mismo gobierno, él ya estaba dato de alta como fuerza rural. La camioneta blindada la solicitó él después del 25 de mayo (cuando sufrió el segundo atentado contra su vida). Esa camioneta es del estado, no es de ningún otro grupo. ¿Esperaban que el compañero anduviera con una resortera cuando ellos (los criminales) sí traen armas exclusivas del Ejército? ¿Y a esos quién los detiene?

–¿Siguen o no los templarios en la costa michoacana?

–Los jefes de plaza puede que no, pero ahí están los que pasan información. La traición puede estar donde sea y se puede pintar de diferentes colores.

Vera reseña la reunión en la que la comunidad de Ostula acordó con el gobierno estatal el reconocimiento de su policía comunitaria, 50 plazas de la fuerza rural para el municipio de Aquila y el restablecimiento del filtro de vigilancia en Xayakalan.

El documento lo firmaron el entonces secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo, y su subsecretario, Adolfo Eloy Peralta, ambos legado del ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

De esa junta, celebrada el 16 de marzo, en Xayakalan, los comuneros salieron creyendo que teníamos el respaldo del gobierno. Nunca se imaginaron que en unos meses “nos iba a dar la vuelta, que nos iba a levantar a Cemeí.

Quedamos en que iban a detener a los verdaderos culpables, a los que dieron muerte a 32 comuneros, pero a esos sí no les ha tocado nada, dice Vera.

Cuando la procuraduría michoacana acusó al presidente municipal de Aquila y sus cómplices de cohecho, homicidio y encubrimiento, divulgó también que el alcalde Hernández Ramírez mantenía contacto con Federico González Medina, El Lico, jefe de plaza de los templarios, y que con él acordó pagar a un grupo de sicarios. En la misma oportunidad dio a conocer una imagen en la que aparece el alcalde con Servando Gómez, La Tuta, en una reunión efectuada en junio de 2013, en la que se trató el reparto de las ganancias de las minas ubicadas en los alrededores de la comunidad indígena de Pómaro.

Cemeí era el obstáculo para que esas minas se empezaran a explotar, dice ahora el jefe de tenencia.

El domingo pasado, cuenta Vera, el ahora preso fue citado por el secretario de Seguridad Pública estatal en la localidad de La Placita, con el fin de realizar pruebas de balística y regularizar su camioneta. Estaba desayunando y hasta invitó un taco a quienes lo detuvieron, miembros de la Fuerza Ciudadana, acompañados de militares. Estaban ahí platicando y nomás, de repente, sintieron las armas y se lo caminaron.

Una de las primeras respuestas de la comunidad de Ostula fue realizar una asamblea para nombrar un nuevo comandante, cargo que recayó en Germán Ramírez.

Remata Vera: Pensaron que matando a los líderes la comunidad se iba a acabar. Pero no nos han derrotado. Es lo mismo ahora con la detención del compañero Cemeí. Nos queda claro que debemos estar más organizados y unidos que nunca. Somos muchos.