Aunque fue la condena y la presión internacionales por los hechos de Ayotzinapa lo que obligó al gobierno mexicano a aceptar la intervención del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, a 10 meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, persisten los obstáculos, la dilación y la falta de voluntad política para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Desde el poder se ha apostado al olvido. Casi la mitad de las peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formuladas al gobierno mexicano siguen pendientes. La lista es larga, pero una que resulta clave, que es la entrevista directa con los militares del 27 batallón del Ejército que estuvieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, es probable que nunca se dé.

Y a pesar de que el gobierno mexicano ha declarado que todavía estudia esta petición, formulada desde hace más de cuatro meses, hay fuertes presiones desde las más altas esferas castrenses para cerrar esa puerta, considera Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, instancia que desde el principio ha acompañado el proceso.

Reconoce que tras las negativas y la dilación de las respuestas del gobierno, la única esperanza que hoy tienen los padres de familia y la justicia es el informe final y las recomendaciones que emita el grupo de expertos de la CIDH los primeros días de septiembre, cuando vence su mandato de seis meses.

Para Abel Herrera, pero también para el abogado Vidulfo Rosales –representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa– los testimonios y entrevistas con los militares que estuvieron esos días son un elemento esencial para esclarecer los hechos y lo ocurrido a los jóvenes normalistas. (Los militares) supieron, saben, lo que pasó en Iguala, por eso es importante hablar con ellos.

Sin embargo, desde la Secretaría de Gobernación –que ha pasado de la negativa total a la declaración de analizar la petición–, se argumenta que esta opción no está prevista en el convenio que aceptó la llegada del grupo de expertos, y que, en todo caso, podría darse a través del Ministerio Público. El GIEI ha insistido en las entrevistas directas, sin intermediarios. Incluso, el encuentro se daría más allá de los 36 elementos castrenses que hasta ahora han declarado en calidad de testigos.

Está próximo a vencerse el mandato, y probablemente no se les permita entrevistar a los militares. Eso es lo más grave, porque se sigue teniendo ese tipo de excepcionalidad y protección al Ejército, pese a las reformas aprobadas al Código Militar, subraya Abel Herrera.

El grupo no prorrogará mandato

Hasta ahora, en sus cuatro informes parciales, el GIEI ha señalado una serie de deficiencias en el proceso de las investigaciones, entre las cuales está la fragmentación de las pesquisas, omisiones para investigar todos los delitos cometidos, falta de atención integral a víctimas y un insuficiente protocolo para la investigación del delito de desaparición forzada.

Sin ofrecer detalles, el GIEI ha suministrado a las autoridades mayores datos e información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes, pero será en su informe final cuando den a conocer los pormenores y las recomendaciones al gobierno mexicano.

Hasta hace unas semanas, la representación de los padres de familia había expresado la posibilidad de solicitar al GIEI una prórroga de su mandato por seis meses más. No obstante, en conversiones informales con algunos de sus miembros, se optaría preferentemente por concluir el mandato con el informe final y sus respectivas recomendaciones, e integrar, posteriormente, conforme al mismo convenio, un grupo que dé seguimiento a sus sugerencias, según comentó el abogado Vidulfo Rosales. Esto sólo se ha platicado de manera informal con algunos de ellos, no hay ninguna decisión tomada, insistió.

La resolución deberá ser tomada antes de que concluya el mandato inicial del grupo de expertos en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes del Estado mexicano y de los afectados por el caso de Iguala, en una prórroga que contempla el mismo convenio de asistencia técnica suscrito desde noviembre del 2014.