Maestros de los diferentes subsistemas federales de bachillerato demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que determine con claridad cómo se aplicará el proceso de evaluación del desempeño, y manifestaron que hay creciente inconformidad.

“No es por oponernos al examen, pero nos notifican que seremos evaluados y no habilitan la plataforma. Se nos da un calendario al que debemos subir evidencias durante el receso escolar, pero hubo estados –como Sonora– que fueron convocados y los docentes ya estaban de vacaciones. Todas las decisiones fueron centralizadas, sin considerar que cada subsistema es diferente”, expresaron.

Puro tache

Rufino Olea González, del Frente Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos Descentralizados de la Educación Media Superior, indicó que hasta la fecha desconocemos aspectos claves, como el valor que tendrá cada una de las cuatro etapas del proceso.

Agregó que profesores y directivos “nos preguntamos qué puntaje tiene mi reporte de evidencias; cuántos puntos por el examen, cuántos por la evaluación de responsabilidades profesionales. Está el riesgo de que si le caigo mal al director de mi plantel –responsable de elaborar el reporte– me va a poner puro tache. Es una etapa que carece de objetividad”.

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que encabeza Ramiro Álvarez Retana, profesores y directivos de la educación media superior deberán someterse a los procesos de evaluación diagnóstica y de desempeño.

En este último caso, los directores de plantel deben subir a una plataforma en línea las evidencias del desempeño profesional de los docentes, mientras éstos deben presentar materiales de su alumno más destacado en su desempeño académico y del más rezagado. También deben entregar un portalofio de evidencias con planeación pedagógica y participar en un examen estandarizado.

Olea González dijo que otra de las demandas a la autoridad federal es que restablezcan las comisiones mixtas, en las que participa una representación de los trabajadores, no para la toma de decisiones, pero sí al menos para que se nos escuche, porque se ha querido imponer una política de oídos sordos.