La declaratoria de alerta de género en 11 municipios del estado de México es inminente. Para las organizaciones que desde el 2010 la han solicitado es un hecho que el próximo martes se emitirá, por lo tanto, lo realmente importante será que nos digan qué harán para detener la grave situación de feminicidios y desapariciones de mujeres.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), consideró que de llevarse a cabo su pronóstico, se trataría de la primera vez que este mecanismo se pone en marcha en el país.

El 28 de julio sesionará el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezado por la Secretaría de Gobernación, el cual tendrá que presentar un informe y esperamos que lo haga público y que venga fuerte, porque la situación es muy grave. La expectativa del observatorio, comentó en entrevista, es que comunique la realidad en aquel estado y diga cuáles son las medidas a tomar.

Resulta fundamental, explicó, la depuración de cuerpos policiacos, pues están implicados en delitos de violencia sexual y desaparición de mujeres; asimismo, que un grupo de peritos, forenses y antropólogos sociales con perspectiva de género investigue los feminicidios y las desapariciones. Las autoridades deben garantizar la seguridad donde ya se sabe que las matan, que se las llevan. El gobierno sabe dónde.

El OCNF documentó 840 asesinatos de mujeres entre 2011 y 2013. La cifra, al día de hoy, aumentó a más de mil, informó Estrada. De esos, tan sólo 145 casos han sido investigados como feminicidios. De 2011 a 2012 desaparecieron mil 258 mujeres de 10 a 17 años, según la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de esa entidad, Gail Aguilar.

El 9 de julio el gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas, solicitó la alerta de género. Sin embargo, el observatorio lo hizo desde 2010, pero el entonces mandatario estatal, Enrique Peña Nieto, se opuso. Luego de una serie de amparos, un fallo judicial ordenó que se iniciara la investigación. Para Ávila Villegas fue mejor reconocer y adelantarse a solicitarla, aunque no tenga facultad para eso, sostuvo la coordinadora del OCNF.

Yuritzi Hernández de la Rosa, de la Alianza por los Derechos de las Mujeres, consideró que la petición del gobernador es insuficiente, pues sólo es para 11 localidades.

Otras 10 entidades han solicitado la alerta. En Guanajuato, Morelos y Baja California el grupo de trabajo para atender esa petición expidió una serie de recomendaciones que los gobiernos debían ejecutar en seis meses. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado la falta de cumplimiento, por lo que insisten en que el gobierno federal emita la alerta.

En Baja California, como en otros lugares del país, la situación para las mujeres es deplorable, sostuvo Meritxell Calderón Vargas, de la Red Iberomericana Pro Derechos Humanos. En aquel estado se ha cometido por lo menos un feminicidio a la semana. Sin embargo, de 2013 a 2014 ni el gobierno ni muchas organizaciones reportaron uno solo, tampoco mujeres desaparecidas, y ésa es una de las mayores violaciones: no conocer la verdad, apuntó. Estrada, Hernández y Calderón coinciden en que la impunidad, la opacidad en el número de feminicidios y la culpabilización de las víctimas son la constante en diversos estados.