Senadores y diputados exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a valorar la posibilidad de atraer las investigaciones sobre desaparición y homicidio de personal médico en Guerrero. De igual forma, los legisladores en la Comisión Permanente hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que ejerza sus facultades de investigación respecto de posibles actos de violación de los derechos humanos de trabajadores de la salud en ese estado.

En el dictamen aprobado por el pleno de la Comisión Permanente se refiere que el 19 de junio de 2015 los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, adscritos al hospital básico comunitario del municipio de Petatlán, Guerrero, acompañados de Julio César Mejía Salgado y José Osvaldo Ortega Saucedo, se trasladaron a la ciudad de Chilpancingo para realizar trámites administrativos relativos a la regularización de su plazas.

Concluidas las diligencias se dirigieron al puerto de Acapulco y se detuvieron en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, para visitar a José Enrique Ortega Martínez, padre de José Osvaldo Ortega. Estuvieron en la localidad hasta las 20 horas.

La última comunicación que se tuvo con ellos fue un mensaje de Marvin Hernández Ortega, a las 20:20 horas de ese día, que decía que no podía atender porque iba manejando. Después de esa comunicación se desconoce su paradero.

El 20 de junio la madre y la tía del médico Marvin Hernández se percataron de la ausencia del joven e iniciaron su búsqueda entre familiares y amigos, después en los hospitales de Acapulco y en el Servicio Médico Forense (Semefo). Al no obtener respuesta se dirigieron a la Fiscalía Regional de Acapulco para denunciar la desaparición; sin embargo, ahí se les pidió esperar 72 horas para presentar la denuncia.

Cuerpos sin identificar

El dictamen destaca que la denuncia fue finalmente presentada el 22 de ese mes y que dos días más tarde la Fiscalía General del Estado los convocó para que asistieran al Semefo de Chilpancingo de los Bravo para reconocer cuatro cuerpos localizados en Jaleacas, Santa Bárbara, municipio de Acapulco.

Los parientes revisaron los cuerpos y constataron que ninguno de ellos coincidía con las características físicas de los desaparecidos: estatura, complexión, cicatrices, así como la dentadura, fueron elementos suficientes para darse cuenta de que no eran sus familiares.

El documento detalla que el 9 de julio el presidente de la Federación de Colegios Médicos de la entidad declaró que, “al menos, se tienen registrados 18 casos de médicos desaparecidos durante el gobierno de Ángel Aguirre, y exigió a la PGR entregar los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los cuatro cuerpos hallados en la comunidad de Santa Bárbara. Los familiares consideran que hay irregularidades en la investigación y en la actuación de los funcionarios y han manifestado su inconformidad.

La Permanente aprobó el exhorto a la PGR y el llamado a la CNDH, porque la Ley General de Atención a Víctimas establece que se podrá contar con el apoyo de expertos independientes para investigar y realizar peritajes que cuenten con la capacidad y la confianza de las víctimas directas e indirectas.