El consorcio Grupo México reprimió a trabajadores y pobladores de Cananea, en el desalojo que llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones de las plantas de bombeo de agua de esa mina, y que tenían tomadas personas que exigen justicia y reparación del daño provocado por la contaminación del río Sonora y por el conflicto laboral que se registra en esta zona.

El sindicato nacional de mineros denunció lo anterior y sostuvo que el gobierno federal debe dejar de proteger al dueño de Grupo México, el empresario Germán Larrea, porque es una vergüenza que incluso se ponga a las fuerzas públicas a la orden y obediencia del consorcio para reprimir a los trabajadores.

Responsabilizó a la empresa de la violencia y las lesiones que les provocaron a los pobladores y sostuvo que el gobierno en lugar de apoyar a un consorcio que ha afectado poblaciones enteras y que no cumple con la ley laboral, debe sentar a los directivos encabezados por Larrea, a que resuelvan el conflicto provocado por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, así como negociar una solución laboral al conflicto que cumplirá ocho años de duración.

Según refirió, la madrugada del sábado 25 de julio fuerzas públicas fueron utilizadas para reprimir a mineros y pobladores de Sonora, al desalojarlos de las instalaciones de las plantas de rebombeo de agua que Grupo México tiene en terrenos de la mina de Cananea, las cuales los trabajadores pacíficamente habían retenido para exigir solución a las justas demandas.

Hizo ver que la toma de estas instalaciones tenía por finalidad llamar la atención del gobierno hacia las demandas de los pobladores de que se remedien los daños ecológicos y económicos a los pueblos de las cuencas de los ríos referidos, donde más de 500 personas han sido severamente afectadas por los derrames de sustancias tóxicas que provocan enfermedades, y para exigir que se solucione el conflicto laboral que sostiene irresponsable e ilegalmente el Grupo México contra los miembros de la sección 65 del sindicato nacional de mineros.

Por ello, demandó que el actual gobierno asuma sus responsabilidades, deje de proteger al mencionado empresario antisocial; lo siente a negociar con los trabajadores de Cananea, y lo obligue a remediar los daños que su negligencia ocasionó a la vida y a la salud de los pobladores sonorenses, a los cuales sólo engañó con que iba a atender la emergencia y sus demandas.

También exigió este sindicato que las fuerzas públicas nunca más sean empleadas para reprimir a los trabajadores ni a los pobladores de la zona, en obediencia a los intereses de Grupo México y de Larrea, que actúa en la total impunidad, no sólo en Cananea, sino en todas las empresas que tiene, como la mina de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros en 2006 y nunca se castigó a nadie por los hechos.

La fuerza pública no debe ser usada contra trabajadores ni contra el pueblo mexicano, sino debe estar para perseguir y reprimir con eficacia a los criminales que tantos daños han provocado al país, concluyó esta organización.