on la publicación de tres informes, la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2014, la medición de la pobreza de Coneval y el estudio de Oxfam-México sobre la concentración del poder económico y político (todos ellos disponibles electrónicamente), se ha renovado la discusión sobre pobreza y la desigualdad. Se trata, sin duda alguna, de una discusión central para la vida de la nación. Su consecuencia debiera ser la adopción de políticas públicas que actúen de manera decisiva para reconfigurar el mapa social del país.
El dato duro de la ENIGH 2014 es que el ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos se redujo 3.2 por ciento y que el decil 10, es decir, el diez por ciento en el que se ubican los hogares de altos ingresos, recibe 35.4 por ciento del total de los ingresos corrientes. El ingreso promedio de este diez por ciento más rico es 1.24 veces mayor que el del 60 por ciento de los hogares de menores ingresos en el país.
El estudio de Oxfam, elaborado por Gerardo Esquivel, busca dimensionar el verdadero tamaño de los ingresos del decil más rico de los hogares. El método utilizado corrige las discrepancias entre cuentas nacionales y las ENIGH. En una mirada de largo plazo, de 1992 a 2012, la participación promedio del decil más rico pasaría de alrededor de 45 por ciento a cerca de 60 por ciento. Un agregado fundamental es la estimación del porcentaje de ingreso del que se apropia el uno por ciento más rico de la población. La estimación para 2012 es que ese uno por ciento recibe 21 por ciento del ingreso total de los hogares.
En la medición de la pobreza elaborada por Coneval se documenta que el porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasó de 45.5 en 2012 a 46.2 en 2014. Los pobres extremos, en los mismos años, se redujeron ligeramente al pasar de 9.8 por ciento a 9.5. En números absolutos esto quiere decir que en México 55.3 millones de personas estaban en condiciones de pobreza en 2014, de las cuales 11.4 millones eran pobres extremos. En la presentación de los resultados de Coneval su secretario ejecutivo señaló que en los pasdos 20 años no ha mejorado el ingreso de la mayoría de los mexicanos y, lo que es mucho más grave, los mexicanos que carecen de la capacidad para adquirir la canasta alimentaria básica pasaron de 60.6 millones en 2012 a 63.8 millones en 2014. Porcentualmente el dato es que 53.2 por ciento de los mexicanos no puede sufragar los gastos mínimos de subsistencia.
Los números son abrumadores: solamente 46.8 por ciento de la población puede adquirir la canasta alimentaria básica. Este es el hecho fundamental. Quienes diseñan la política pública están obligados a responder a esta situación absolutamente inadmisible. Puede plantearse que, junto a esta condición, existen otras situaciones a las que debe dedicarse atención. Pero no es posible soslayar lo que constituye la característica decisiva de la estructura social del país. La política pública diseñada por los gobiernos priístas y panistas de los pasados 30 años ha fracasado en resolver esto y seguirán fracasando. Se requiere replantear la política pública entera y no sólo la política social.
Se trata, como sostiene Esquivel, de formular un programa integral para combatir la desigualdad, incorporando lo que se ha probado que funciona en otros países. Lo primero es crear un auténtico Estado social, con capacidad para instrumentar una política fiscal más progresiva y que el gasto destinado a los sectores más desfavorecidos sea orientado regional y sectorialmente.
Un elemento fundamental es la modificación de la política salarial y balancear el poder de negociación entre trabajadores y empresarios. Un elemento adicional es que se fortalezcan verdaderamente los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio del gasto y que la rendición de cuentas sea trascendente.
