Existe una simulación del gobierno mexicano en cuanto a la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes, y un ejemplo de ello es que con la puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur se han elevado la criminalización y las deportaciones, y se han venido abajo los avances para visibilizar esta crisis humana.

De esta forma, en el año pasado, México incrementó 541 por ciento el número de deportaciones de niños centroamericanos, de los cuales casi la mitad son de origen hondureño y cuando se les regresan a su país se pone en riesgo su integridad física y hasta su vida.

En conferencia de prensa, integrantes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensores de Migrantes presentaron ayer el informe Migrantes invisibles, violencia tangible, 2014 en el que se plantea que aumentó el tráfico de personas en el país, así como las extorsiones, los casos de violencia y los puntos de detención, orillándolos a la búsqueda de rutas alternativas que se han traducido en más desapariciones y actos criminales contra ellos.

Esta red de la que forman parte los albergues, Casa Tochan, Hermanos en el Camino, Decanal Guadalupano, las casas de La Caridad, del Caminante y del Migrante, entre otros, llamó a las autoridades mexicanas a detener la violencia que se está cometiendo en contra de las personas migrantes y sus defensores.

De los datos del informe, recalcaron que en el año pasado el número total de personas registradas en condición de migrante ascendió a más de 31 mil 890, que es sin duda el mayor registro de personas de indocumentadas realizado en el país de manera extraoficial.

Honduras es el país del que proviene la mayor cantidad de migrantes; el segundo país expulsor es El Salvador y enseguida Guatemala. Se detectó un descenso en el número de registros en el segundo semestre, por la puesta en marcha del Programa integral Frontera Sur, pero no porque hayan bajado los ingresos de estas personas al país, sino que lo hicieron por nuevas rutas para pasar como invisibles.

Es decir, no utilizaron el tren, sino embarcaciones marítimas; a pie por zonas despobladas; en camiones de carga, debido a la abierta persecución y cacería de las personas migrantes en tránsito, lo que ha generado que éstas se hayan alejado de las redes de protección que brindan las organizaciones defensoras, indica el documento.

Los integrantes de diversas organizaciones de esta Red de apoyo a migrantes, como Rita Robles, Alonso Hernández, Jessica Cárdenas y Víctor Pérez, coincidieron por su parte en que ante las políticas de persecución de estas personas, aplicadas en el año reciente, se han incrementado las acciones del crimen organizado contra estas personas, y sufren de mayor violencia y desapariciones.

Otras organizaciones defensoras, entre las que también están Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de orientación del Migrante Oaxaca, también externaron su preocupación por la crisis humana y de derechos básicos, palpable en la situación de los migrantes en tránsito en México.

Demandaron a las autoridades: implementar una política migratoria con apego a los derechos humanos; investigar, sancionar y reparar el daño derivado de los delitos cometidos por las autoridades y particulares contra estas personas y expusieron que es preciso brindar información pertinente y reconocimiento de la condición de refugiados a migrantes que salen de sus países por causa de violencia.