l bajo precio del petróleo sigue provocando estragos en la economía. Pemex alimentó al fisco durante muchos años, hasta en 30 por ciento de sus ingresos. Sustituir estos recursos es ciertamente muy difícil. Lo era cuando los precios estaban en alrededor de 100 dólares por barril y lo es mucho más cuando está por debajo de 50.

La reforma fiscal no podía hacerse sin considerar la sustitución de los ingresos del gobierno procedentes del Pemex. Hoy no alcanza para eso, pero tampoco para mantener la actual estructura de esa compañía que ya tiene un nuevo estatuto como empresa productiva del Estado.

Claro está que Pemex no es la única empresa petrolera del mundo con severos problemas financieros derivados de los bajos precios el crudo. Los informes recientes señalan cómo han caído las utilidades de las grandes petroleras estadunidenses. Éstas han despedido alrededor de 70 mil empleados y han pospuesto inversiones en proyectos con un valor del orden de 200 mil millones de dólares. Como muestra, Exxon reportó el peor resultado de sus utilidades trimestrales desde 2009 y Chevron registró pérdidas por 2.2 mil millones de dólares en sus negocios de exploración y producción, también en el último trimestre. Pemex reportó pérdidas millonarias en el segundo trimestre del año, 60 por ciento por encima del monto del mismo periodo del año anterior.

Las condiciones del mercado no apuntan a una recuperación de los precios en un horizonte de tiempo previsible. Desde que empezaron a bajar a mediados de 2014 (entonces el barril de crudo Brent se vendía en 114.81 dólares y a fines de julio de este año en 52.21 dólares) la OPEP decidió no reducir su oferta y estados Unidos ha aumentado su producción. Con el acuerdo político entre Estados Unidos e Irán la sobreoferta puede asentarse aún más. La situación global y la actual crisis China no indican un repunte de la demanda de petróleo.

Esto pone a la reforma energética impulsada aquí por el gobierno en una situación muy complicada, que agrava cada vez más la situación fiscal del país.

Hacienda anunció hace unos días un nuevo recorte al gasto por 135 mil millones de pesos, para mantener la disciplina fiscal. Habrá menos dinero en la economía. Aun con presupuesto de base cero para 2016, la asignación de los recursos es un asunto técnica y políticamente complicado.

Debería considerarse abiertamente una rectificación en las pautas de la reforma energética, cuando menos en las que corresponden a las asignaciones de los contratos y, aún más, a los tiempos previstos. Las condiciones externas e internas son suficientemente desfavorables para seguir con los procesos de adjudicación de proyectos, como ya se advirtió en la ronda uno.

Un buen gobierno debe saber y, sobre todo, poder rectificar. Esta no es una cuestión de honor, ni se trata de salvar la credibilidad política de nadie. Se trata de un asunto de realismo económico y, también, político. De todos modos ahora el gobierno sigue recibiendo transferencias por prácticamente la totalidad del ingreso de Pemex y depende de esos ingresos en la misma tercera parte de siempre.

Y a este embrollo fiscal se suma el asunto del peso. A pesar de que los inversionistas y las tesorerías de las grandes empresas se han protegido comprando dólares mientras estaba barato o se iniciaba la depreciación del peso, se ha entrado ya en un proceso eminentemente especulativo.

A medida que se aproxima el alza de las tasas de interés en Estados Unidos el fenómeno seguirá. Otro asunto de realismo económico es reconocer que no es el negocio de la Reserva Federal cuidar las condiciones económicas en otros países. Muestras de ello las hay muchas, por ejemplo, el alza de las tasas en plena crisis de la deuda externa de América Latina en los años 1980.

Es claro que la junta de gobernadores de la Fed ha medido el impacto de la normalización de las tasas luego de siete años de mantenerlas en un nivel cercano a cero. El dólar es la moneda más fuerte del mundo y será usado para reforzar el crecimiento productivo en ese país. Y los demás, sean economías desarrolladas o emergentes, tendrán que acomodarse lo menos mal posible. Ciertamente que esto provocará nuevas distorsiones financieras por todas partes.

La Comisión de Cambios, formada por Hacienda y Banco de México, decidió que del 31 de julio hasta el 30 de septiembre se aumentará de 52 a 200 millones de dólares la cantidad ofrecida en las subastas de esa moneda y sin precio mínimo. Esto se suma a los 200 millones diarios que ponen a la venta.

Esta intervención frenó la compra de dólares al entrar en vigor, pero la especulación puede hacer que esto sea insuficiente. Ante una corrida contra el peso las reservas se pueden erosionar o el peso irse a pique, o ambas cosas.

Habría que aprovechar la depreciación del peso para alentar el gasto de inversión interno y compensar el mayor precio de las importaciones. De eso aún nadie habla de modo expreso, ni las cúpulas empresariales.

Esta experiencia devaluatoria puede acabar siendo muy costosa. Las tasas internas de interés van a subir muy pronto y la inflación también. La interacción de la paridad del peso dólar con las presiones fiscales puede cambiar de modo decisivo el planteamiento original del gobierno de elevar la tasa de crecimiento de la producción por encima de su nivel promedio de los últimos 30 años.

En los tres primeros años eso no se ha conseguido. La economía ha crecido hasta ahora de modo insuficiente. Este debería considerarse como un nuevo momento mexicano que marcará el resto del sexenio y más.