Hermosillo, Son.

A un año del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales que integran la comisión presidencial para atender el caso informaron que los recursos destinados a la fecha para el resarcimiento a la población afectada ascienden a mil 204 millones de pesos. Dicha suma, detallaron, representa una derrama aproximada de 10 veces el PIB de los siete municipios que integran la región.

El subsecretario de Política y Planeación Ambiental de la Semarnat y presidente del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo; Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Guillermo Haro Bélchez, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), expresaron en conferencia de prensa que los recursos se aplicaron a partir de septiembre de 2014 para el resarcimiento económico directo a la población (otorgados mediante pagos en efectivo, cheques o tarjetas de débito), rehabilitación de pozos, instalación de tinacos en todas las casas que reportaron algún tipo de afectación vinculada con el derrame.

Lacy Tamayo detalló que se entregaron 26 mil 564 apoyos para el resarcimiento por daños a la salud. Esa ayuda, explicó, se distribuyó por cada toma domiciliaria de agua y por daños al sector agropecuario y a unidades económicas, así como pagos a jornaleros y prestadores de servicios por un monto de 610 millones de pesos.

Además, se ha dotado de 333 mil litros de agua potable a través de pipas, por un monto equivalente a 60 millones de pesos; se abrieron y rehabilitaron 41 pozos a lo largo del Río Sonora, en los que se han invertido 91 millones de pesos.

Lacy refirió que también se instalaron 10 mil 188 tinacos en todas las casas del Río Sonora, con torreta, toma de agua y nomenclatura, con una inversión de 203.6 millones de pesos y que se otorgaron apoyos a los organismos municipales operadores de agua por 48 millones de pesos.

Se anunció que en septiembre se empezaría a edificar en el municipio de Ures una instalación médica permanente para atender a quienes sufran consecuencias por la contaminación del río Sonora. Asimismo, se informó que se elevó a 360 el número de personas cuya salud resultó perjudicada luego del derrame de tóxicos, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Los funcionarios explicaron que la primera de las potabilizadoras, ubicada en Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, se terminaría de edificar en 2016, casi dos años después del accidente.

Afectados por el derrame acudieron a la conferencia de prensa rechazaron las versiones oficiales. Mencionaron un creciente número de enfermos; pagos incompletos de compensaciones a comerciantes, ganaderos y agricultores; desinterés del fideicomiso por construir las 36 plantas potabilizadoras de agua prometidas en septiembre pasado, así como una economía severamente deteriorada.