urante lo que va del sexenio la posición mexicana con respecto de Estados Unidos fue definida por Sergio Alcocer (ex subsecretario para América del Norte) como una política sin estridencias. Indudablemente fue un cambio importante, sobre todo una ruptura con las posiciones anteriores de los gobiernos priístas, que siempre fueron beligerantes, declarativos, reactivos y, por qué no decirlo, estridentes.

Ciertamente el término estridente, cuyos sinónimos podrían ser chillón o ruidoso, se refiere a posiciones de anteriores gobiernos que gritaban ante la primera afrenta que se le hiciera al país o a los nacionales. Era un política dirigida al mercado interno, más que al vecino de al lado, que ya estaba acostumbrado a las bravatas de los políticos mexicanos.

Incluso el ex presidente Calderón, que fue tan sumiso a las políticas diseñadas por Washington para combatir el narcotráfico, se dio el lujo de hacer reclamos directos y en contextos relevantes como en la 66 Asamblea General de la ONU (2011), donde dijo: Es urgente poner controles serios en países productores y vendedores de armas de alto poder para que no sigan alimentando los arsenales de los delincuentes. Naciones Unidas tiene chamba, trabajo que hacer: debe continuar impulsando el tratado internacional sobre comercio de armas y evitar su desvío hacia actividades prohibidas por el derecho internacional.

Según las pautas actuales, estos asuntos deben tratarse en corto y en privado, no se puede exponer al vecino ante la comunidad internacional como el principal proveedor de armas a la delincuencia.

Pero quizá el mayor acto estridente de Calderón fue correr al embajador de Estados Unidos Carlos Pascual por decir unas cuantas verdades en los cables privados que enviaba a sus superiores y que fueron develados por Wikeleaks y publicados en La Jornada.

Muy posiblemente esta política sin estridencias sea la manera explícita de marcar una raya con respecto a los exabruptos de Calderón, a quien también le tocó un embajador bastante proactivo y directo. No sucede lo mismo con el ahora condecorado embajador Anthony Wayne, quien también se ha distinguido por la mesura y el bajo perfil. Otra señal, de parte del gobierno en turno, que prefiere el perfil bajo de sus embajadores y de los que lleguen de otros países.

En efecto, ya no se ha vuelto a hablar de armas y menos aún del tema migratorio que ya estaba de capa caída desde el gobierno de Calderón. El gobierno de Peña Nieto se ha distinguido por su absoluto respeto a las decisiones que tome Estados Unidos con respecto a una posible reforma migratoria, decisión soberana de nuestros vecinos.

Nadie discute la soberanía, pero el sistema estadunidense funciona a base de presión, de lobby, de búsqueda insaciable de votos que se pueden comprar y donde siempre hay una oferta disponible. Ciertamente llamó la atención a muchos que México no presionara, ni ejerciera su derecho al lobby, en el tema de la reforma migratoria.

Curiosamente, los consejos que provenían del norte señalaban la pertinencia de que México se quedara callado y no moviera sus fichas, para no alterar a los republicanos, mientras que la comunidad mexicana organizada y fogueada en estas lides pedía a gritos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o el Presidente presionaran de alguna manera.

Dadas las circunstancias y las características del debate sobre la reforma migratoria, México se ahorró muchos millones de dólares al negarse a participar activamente en los pasillos del Congreso estadunidense. Pero también perdió credibilidad con la comunidad mexicana y latina de Estados Unidos, que esperaba otro tipo de actitud, por lo menos ciertas declaraciones estridentes a las que ya estaban acostumbrados.

Prácticamente la única vez en que la SRE se soltó las trenzas fue en la visita del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, cuando se hizo pública la demanda mexicana de que se cancelara el requisito de visado para poder viajar a Canadá. Se suponía que este asunto bilateral se iba a solucionar de manera definitiva en 2014, pero ya se pospuso para 2016.

Pero la pretendida mesura, cordura y circunspección de la política exterior mexicana con respecto de Estados Unidos podría calificarse en estos momentos de mutismo. Hace cinco meses que no hay embajador mexicano en Estados Unidos, después del supuesto enroque que se tenía que haber realizado con Eduardo Medina Mora, que pasó a ser ministro de la Suprema Corte.

Carlos Pérez Verdía, nuevo subsecretario para América del Norte, que remplaza al mesurado Sergio Alcocer, parece que también es partidario de la cautela. En una de sus primeras intervenciones declaró que la falta de embajadores en la representaciones diplomáticas de México y Estados Unidos no retrasa temas en la relación bilateral.

Aquí no pasa nada. No hay motivo de preocupación. Uno se pregunta para qué descuidar la embajada más importante del país, si no tenían previsto un posible remplazo.

La mesura, prudencia y mutismo del gobierno está llegando a niveles extremos. El proactivo Peña Nieto del primer año de gobierno es historia, en la actualidad está desbordado y recluido en Los Pinos. No mueve sus fichas, no renueva, no acepta ni pide renuncias.

Una parte importante del aparato administrativo del país ha quedado en manos de los encargados del despacho.