De acuerdo con el expediente que abrió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a 52 días de su llegada a la ciudad de México, tras salir de Xalapa, Veracruz, porque su vida se encontraba en riesgo, Rubén Espinosa Becerril, el fotorreportero ejecutado junto con cuatro mujeres en la colonia Narvarte, evaluaba su estancia en la capital del país, donde empezaba a sentirse más ubicado.

No obstante, construyó una red con amigos y familiares estaban pendientes de él todo el tiempo, detalla el documento elaborado con entrevistas que realizaron las Relatorías para la libertad de expresión.

El monitoreo de compañeros y familiares se hacía en todos los lugares donde se encontraba, con horarios de entrada y salida. Además, por su experiencia en temas de seguridad, refirió, aplicaba sus propios protocolos de autoprotección.

Ante el estado emocional que hacía evidente por los temores que externó a perder su trabajo si no volvía pronto a Veracruz, por sus compañeros que siguen en la entidad e incertidumbre por la violencia contra los periodistas, un conocido de Rubén solicitó apoyo, porque requería de atención sicosocial, para lo cual se entrevistó con Roland Martínez, de la Dirección de Atención Psicosocial (DAP) de la CDHDF.

Además del contacto con el organismo, el activista se acercó al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y a Artículo 19 para solicitar su incorporación al mecanismo de protección, porque “durante su labor como reportero había sufrido graves incidentes –desde un levantón y golpiza, al parecer de presuntos miembros del cártel de Los Zetas– hasta actos de represión al documentar una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante la cual una persona, que identificó como trabajador del gobierno de Javier Duarte, lo golpeó y amenazó diciéndole que si quería terminar como Regina”, expuso en las relatorías.

También manifestó las razones que motivaron su salida de Xalapa, Veracruz, tras ocho años de residencia, por el seguimiento y vigilancia en los lugares donde iba a trabajar y en su domicilio, a tal grado que ubicó a tres hombres de corte militar, vestidos de negro, en un taxi fuera de su casa que le tomaron fotografías, el pasado 9 de junio, ese mismo día salió para el Distrito Federal, porque era muy alto el riesgo que corría.

El testimonio de Rubén no sólo fue conocido por las relatorías de la CDHDF, que esperaban su solicitud formal para pedir las medidas de protección, también se hizo pública a través de entrevistas con medios de información en las que responsabilizó al gobierno de Veracruz por lo actos de hostigamiento en su contra.

Fueron tres sesiones de contención en la Dirección Atención Psicosocial, la última el 30 julio, un día antes de su asesinato, donde fue canalizado a siquiatría, por los síntomas que padecía, se reportó.

El mismo día de su muerte, Roland Martínez, de la DAP, informó a la relatora para la atención a personas defensoras, que el fotorreportero había hecho un análisis de riesgo donde el nivel mismo era bajo y que se sentía más ubicado en el Distrito Federal, por lo que estaba valorando su estancia.