La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado en diciembre de 2014 carece de posibilidad alguna de aprobarse, ya que los grupos parlamentarios de PAN y PRD consideran que contiene planteamientos que vulneran la autonomía de los municipios, además de ser insuficiente frente al avance del crimen organizado y la crisis originada por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, y el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la propuesta incluida en el decálogo que Peña Nieto presentó luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nunca tuvo consenso y ni siquiera el PRI la ha defendido.

Barbosa subrayó que incluso no hubo interés de la Presidencia en discutir las posturas de la oposición en torno a su propuesta. Agregó que plantearon con claridad que haya mando único policial, pero sin que desaparezcan las corporaciones de las 32 entidades. Tampoco podemos aprobar que se faculte al Presidente para disolver alcaldías supuestamente involucradas con el crimen organizado, ya que ello es inconstitucional, pues los congresos locales están a cargo de la desaparición de los poderes municipales.

El también presidente del Senado dijo que para el próximo periodo de sesiones –que comienza en septiembre– el tema más importante es seguridad pública y será abordado a fondo, para fortalecer las instituciones respectivas, así como las policiales y de inteligencia.

“Un hecho tan grave como la evasión de El Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad pone en evidencia la penetración del crimen organizado, por lo tanto se requiere una reforma completa.”

Gil Zuarth dijo que desde un principio su bancada subrayó que el decálogo de Peña Nieto es insuficiente porque sus planteamientos no son idóneos para responder a la situación del país en términos de inseguridad y crimen organizado, y así lo señaló el PAN desde el primer momento.

Aunado a ello, agregó, la iniciativa no incluye nada relacionado con la reforma al sistema penitenciario, “que es, a final de cuentas, la crisis que se ha abierto recientemente a partir de la fuga de El Chapo Guzmán”.

Debe haber, remarcó, planteamientos muy serios y claros respecto del sistema penitenciario. Además, tenemos que explorar con otros mecanismos en materia de seguridad social. Tenemos que hacer un diseño más inteligente e integral, expresó.

Subrayó que desaparecer policías municipales y fusionar esas corporaciones con cuerpos estatales no es la solución de largo plazo.