Con la finalidad de frenar el proyecto inmobiliario Patio Tlalpan, vecinos de esa delegación política acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) para presentar una acción pública en contra de los actos administrativos mediante los cuales se autorizó y permitió dicha obra.

Los inconformes aseguraron en su escrito que, al avalar las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y la misma demarcación, los trámites para la contrucción de ese complejo comercial, se violan los derechos de la población y las normas previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones, ambos de esta ciudad, y en los tratados internacionales.

La empresa México Retail Properties (MRP) edifica Patio Tlalpan en Insurgentes Sur 4177, esquina con Santa Úrsula, y de acuerdo con información publicada por este diario (11/07/2015), esa firma cuenta con alrededor de 70 centros comerciales en 21 estados de la República, y entre sus socios está el empresario Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, según se pudo corroborar en un reporte de la Comisión Nacional de Valores.

Habitantes de la delegación Tlalpan interpusieron un recurso de acción pública ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra de los actos que avalaron la ejecución del proyecto Patio Tlalpan, que se construye en Insurgentes Sur 4177Foto María Luisa Severiano

Según el proyecto difundido en Internet, contará con 80 negocios, como Walmart, Sams Club y Suburbia, además de tres niveles de estacionamientos con capacidad para mil 580 vehículos.

Claudia Sheinbaum, jefa delegacional electa de Tlalpan, quien junto con David Cervantes respaldó a los vecinos, detalló que ese conglomerado comercial generará graves problemas ambientales, de vialidad y de sustentabilidad en esa zona de Santa Úrsula. Agregó que esos argumentos fueron bien fundamentados en la acción pública que se presentó ante el TCADF, pues fueron elaborados por profesionistas, investigadores y especialistas en el tema que viven en esa demarcación.

Lo que se está pidiendo es que se detenga esa obra por las ilegalidades que se han encontrado en el proceso de autorización por las dependencias del gobierno capitalino, añadió la delegada electa del partido Morena, y confió en que ese tribunal respalde la exigencia ciudadana.