El desarrollador inmobiliario Grupo Questro, una de los mayores del país, que construye en Cuajimalpa dos torres que, a decir de los vecinos de la zona, son edificadas con permisos supuestamente irregulares, ha recibido una serie de denuncias en el Distrito Federal y ha sido acusado de iniciar obras en el municipio de Los Cabos sin los permisos correspondientes.

Desde 2002 asociaciones de colonos de la delegación Cuajimalpa realizaron una serie de acciones en el gobierno del Distrito Federal, debido a diversas irregularidades en el Club de Golf Bosques. Fundamentalmente se oponen a la construcción de dos torres en la avenida Antiguo Camino al Olivo. Explicaron que hubo un recurso interpuesto por colonos de la zona ante la Procuraduría General de la República debido a que sus reclamos no fueron atendidos por las autoridades capitalinas en aquel año.

En aquellos años, agrupaciones vecinales y ambientalistas iniciaron procedimientos por violaciones a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Informaron a este diario que ahora es el turno de Miguel Ángel Mancera y del nuevo delegado electo Miguel Ángel Salazar, de impartir justicia. Los colonos de la demarcación solicitarán a esas autoridades que el Grupo Questro no infrinja más la ley a costa de los recursos del Distrito Federal.

En el caso de Baja California Sur, la organización Greenpeace de México denunció desde 2007 que con amenazas y extorsiones, Grupo Questro y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se hicieron de decenas de hectáreas donde hoy existe Puerto Los Cabos. En ese año, Grupo Questro estuvo bajo la lupa al ser denunciado por violar las leyes ambientales, dañar una reserva ecológica y poner en peligro la fuente de agua dulce de Los Cabos, que en 1994 fue declarada área natural protegida.

Dijeron que ese grupo se ha caracterizado por depredar el medio ambiente, y entre sus principales aliados ha estado el Fonatur. Su ex director, John McCarthy, fue calificado como el principal desfalcador de Fonatur, pues durante su gestión no sólo se vendieron terrenos a empresas que ya estaban predestinadas a ser beneficiadas con precios irrisorios, sino que además se evitó cumplir con muchas obligaciones y compromisos que dejaron a la entonces paraestatal una deuda de 4 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con lo declarado por Héctor Gómez Barraza, actual titular de la dependencia.