os profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron inicio ayer al ciclo escolar 2015-2016 en Oaxaca, como lo acordó su asamblea estatal el pasado martes. En el acto protocolario de comienzo de cursos, que tuvo lugar en el jardín de niños Octavio Paz, ubicado en la colonia El Guayabal de San Pedro Ixtlahuaca, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginez, reiteró el compromiso de su organización con los educandos y recordó las condiciones materiales precarias en que operan muchos de los centros de educación pública de la entidad.
Es significativo que el reinicio de clases referido se haya dado a instancias del magisterio disidente y dos días hábiles antes de la fecha anunciada por el gobernador de la entidad, Gabino Cué. De esa forma, no sólo se conjura la posibilidad de que el conflicto entre las autoridades y la disidencia magisterial pusiera en riesgo el comienzo del ciclo lectivo –como vaticinaban diversas voces críticas de la CNTE–, sino que queda en entredicho la versión según la cual la organización docente se encuentra mermada y derrotada, sobre todo a raíz del decreto que modificó de un plumazo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
No debe soslayarse que la raíz fundamental de la crispación y el descontento magisterial en Oaxaca es la aprobación de la llamada reforma educativa, impuesta mediante un proceso legislativo cuando menos desaseado, en el que se excluyó el punto de vista del magisterio, pese a que éste sería el principal responsable de ejecutar las modificaciones legales. Semejante forma de legislar dio cuenta de una institucionalidad rebasada, carente de capacidad para resolver conflictos sociales y, más aun, proclive a generarlos.
Dicha disfuncionalidad se vio agravada por la obstinación del gobierno federal en presentar ese conjunto de modificaciones legales como algo distinto de lo que realmente es: un cambio arbitrario y unilateral del régimen laboral de los trabajadores de la educación, que no contribuye a mejorar el nivel educativo del país, y un traslado del Estado a los padres de familia de algunos de los costos del sistema educativo. Para colmo, a dicha cerrazón gubernamental se sumó una campaña de desinformación, linchamiento mediático e intimidación en contra de los docentes inconformes que, en el caso de Oaxaca, se agudizó a raíz de la referida reforma al IEEDO y la posterior solicitud del Ejecutivo estatal para que las fuerzas federales se desplegaran en la entidad.
Ahora, sin embargo, la CNTE ratifica su carácter de organización proclive al diálogo y da muestras de ser una fuerza social vigente, con la legitimidad y capacidad logística necesarias para propiciar un reinicio en tiempo y forma –y aun de manera anticipada– de los cursos en los planteles oaxaqueños.
Frente a esa expresión de voluntad política, lo menos que cabría esperar es que las autoridades educativas de Oaxaca y de la Federación hicieran lo que hasta el momento no han hecho: escuchar las posturas y argumentos del magisterio crítico, abstenerse de actitudes autoritarias y represivas para resolución del conflicto, y llevarlo, en cambio, a los cauces de la negociación y el diálogo.
