Diversas organizaciones de derechos humanos –estadunidenses e internacionales– expresaron su apoyo a la extensión del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar asistencia técnica al gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En sendas cartas al presidente Enrique Peña Nieto y a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresan esta conveniencia, a fin de que concluyan los trabajos y solicitudes de información que aún tiene pendientes el grupo de expertos, como los peritajes forenses y la investigación de las evidencias perdidas, reportadas en su reciente informe.

Firman los documentos Amnistía Internacional (AI), Brigadas Internacionales de Paz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),; Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, JASS (Asociadas por lo Justo), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.

En la carta dirigida al presidente Peña Nieto, consideran que la prórroga del mandato del GIEI es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en el caso de los estudiantes desaparecidos, sino también para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en el país. Además, destacan que casi la mitad –40 por ciento– de las solicitudes de información permanecen sin respuesta o con respuesta parcial.

Desapariciones forzadas

En tanto, en la enviada a Álvarez Icaza las ONG recuerdan que el periodo inicial del mandato del GIEI es de seis meses –vence en los primeros días de septiembre–, con posibilidad de renovarlo si aceptan las partes, y que el apoyo técnico de los expertos no se limitaría al caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también segnificaría la oportunidad clave para avanzar en un tema de carácter estructural que México sufre desde hace años, como son las desapariciones forzadas de personas.

Por ello, añaden, es que este apoyo del grupo de expertos es necesario, pues entre 2007 y 2015 se se tiene el registro de más de 25 mil personas desaparecidas, con muchas investigaciones incompletas y pocas condenas.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México. Por eso, su investigación también debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas y sus familias, se señala en la carta enviada a la CIDH.