“Cuando se adquirió la Casa Blanca, el mandatario no era funcionario federal”
Videgaray, afirma, tampoco cometió una irregularidad con vivienda de Malinalco
Sábado 22 de agosto de 2015, p. 2
La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de incurrir en conflicto de intereses en la adquisición de propiedades vinculadas a empresas contratistas del gobierno federal.
Al concluir la investigación, determinó que ni en la adquisición de la Casa Blanca –que realizó la esposa del Presidente, Angélica Rivera– ni en la compra que hizo Videgaray de un inmueble en Malinalco, hubo alguna ilegalidad, porque cuando se hizo la transacción no eran funcionarios públicos federales.
El titular de la SFP, Virgilio Andrade, destacó que se comprobó que el Presidente no incurrió en ninguno de los supuestos de conflicto de intereses contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, con la adquisición de la casa de Rivera y otra propiedad en Ixtapan de la Sal, ya que se compraron antes de que asumiera el cargo; no hubo beneficio o ventaja en los contratos de compraventa; Peña Nieto no participa en otorgamiento de contratos, y los términos de la compra no fueron modificados cuando asumió.
Además, durante el tiempo del encargo del Presidente, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno
, y ningún contratista se encuentra directamente vinculado, regulado o supervisado
por el mandatario, dijo Andrade para deslindar la posible incidencia de los vínculos de amistad con Juan Armando Hinojosa (del Grupo Higa) o Arturo San Román, propietario de empresas contratistas del gobierno federal.
Andrade anunció que no integró al grupo de expertos que se ofreció al inicio de la investigación porque se pondrán a disposición pública, en el portal de la dependencia, los 16 expedientes y 60 mil fojas de la indagatoria.
Los contratos
El titular de la SFP informó que las empresas del Grupo Higa obtuvieron 22 contratos y las de Arturo San Román 11, por un monto total de mil 386 millones de pesos.
Explicó que Angélica Rivera celebró un contrato de compra-venta con reserva de dominio con Ingeniería Inmobiliaria del Centro por la casa de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, por un monto de 53 millones de pesos. Se corroboraron 33 cheques expedidos de la cuenta personal de Rivera por un monto de 14.5 millones de pesos tan sólo para cubrir intereses.
Los recursos provenían, en parte, de los 88.6 millones de pesos que Televisa le pagó en 2010 para finiquitar su contrato como actriz. El 11 de diciembre de 2014, Rivera y la empresa acordaron concluirlo, por lo que se pactó que ella pagara 10.5 millones de pesos de arrendamiento de la casa, a cambio de que le fueran devueltos los 14.6 millones e intereses que pagó.
Para el caso, Andrade dijo que Peña Nieto no intervino en ninguno de los contratos otorgados a Grupo Higa –los cuales siguen vigentes, pues sólo se canceló la licitación relacionada con el tren elevado México-Querétaro–, y los 111 funcionarios que comparecieron –de forma oral o por escrito– vinculados directamente al otorgamiento de contratos, dijeron no haber recibido instrucciones para que se decidiera en determinado sentido. Por tanto, el Presidente no estaba obligado a exonerarse, en tanto que no incidía en estos procedimientos.
El otro inmueble
En cuanto a la casa de Ixtapan de la Sal, ésta fue adquirida con anterioridad a ser Presidente, y por tanto en ese carácter no autorizó ni tuvo conocimiento de obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de ese inmueble.
En cuanto a Videgaray, el secretario de la Función Pública explicó que la casa de Malinalco se adquirió en octubre de 2012 a la empresa Bienes Raíces HIG, por un precio de 7.5 millones, a 18 años, con 5.31 por ciento de interés. Al momento de la compra entregó tres obras de arte con precio de 2.5 millones, pero descontados los impuestos, se recibieron con cargo a la compra 1.8 millones de pesos, restando 6.6 millones de saldos insolutos en enero de 2014, cuando Videgaray optó por liquidarla.
Al igual que Peña, de Videgaray se concluyó que no hubo conflicto de intereses, pues no participó en el otorgamiento de contratos a esa empresa ni instruyó a funcionarios involucrados en éstos a actuar en determinado sentido, que adquirió la vivienda cuando no era funcionario federal, y dicho convenio no fue modificado con posterioridad.
