El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó ayer un programa para capacitar a los policías respecto del nuevo sistema de justicia penal, y otro para mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios.

Como parte del segundo, Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, explicó que se creará un plan integral para la reinserción social y se aplicará un modelo para certificar los penales federales y estatales, con el fin de lograr un adecuado nivel de operación y proveer un entorno seguro para el personal que ahí labora y la población interna.

Dicha certificación debe aplicarse en seis vertientes: seguridad y protección, orden y disciplina, atención médica, programas y actividades recreativas, justicia y derechos humanos, y administración y gestión, añadió durante la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó en Palacio Nacional.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, integrantes del gabinete de seguridad y gobernadores, expuso que también se consolidará el Registro Nacional de Información Penitenciaria, que contiene los datos de la población recluida en todo el país.

En la actualidad, dicho mecanismo cuenta con aproximadamente un millón y medio de registros históricos de procesados, sentenciados y excarcelados, donde se incluye a 255 mil internos que hoy existen.

Rubido García señaló que se ha avanzado de manera significativa en el acopio de información, sin embargo, se requiere que la misma esté uniformada, para optimizar su calidad.

Agregó que se estandarizará la operación de los centros penitenciarios bajo protocolos homologados, pues sus mecanismos de administración, operación y gestión varían de manera tal que dificultan las acciones uniformes y eficaces, necesarias para su buen funcionamiento. Se creará un sistema de desarrollo profesional penitenciario, añadió.

María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se refirió al programa de capacitación para policías y dijo que el fin es que cada elemento adquiera conocimiento y habilidades para actuar de forma eficaz y común en el contexto del nuevo marco penal acusatorio.

Explicó que el plan consta de tres etapas; en la primera se formará a 90 instructores nacionales; en la segunda, estas personas impartirán sus conocimientos a 714 instructores estatales y, en la tercera, los últimos capacitarán al total de la fuerza estatal y municipal en cada entidad.

Informó que el proyecto será financiado con los recursos de los distintos fondos y subsidios federales, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y a la aplicación del sistema de justicia penal.