o bien se ha repuesto el gobierno del batacazo que le asestó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al informar que autoridades distorsionaron los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando otro organismo internacional le revienta otro al declarar a Guerrero entidad de justicia fallida.

Tras investigar coordinadamente con el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan y el centro Miguel Agustín Pro Juárez los problemas que enfrentan familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, de desapariciones forzadas, tortura y homicidio, la Open Society Justice Initiative, organización creada en 2003 para proteger y empoderar a las personas alrededor del mundo, ha emitido tal veredicto, que, sentencia, dará a conocer en Chilpancingo el próximo 2 de septiembre.

El quinto informe del Giei motivó que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunciara la decisión del gobierno de la República de dar a conocer un nuevo informe respecto de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, documento del que se espera contenga las respuestas a las recomendaciones que los expertos han revelado en el transcurso de sus investigaciones y que han descarrilado la versión de la Procuraduría General de la República respecto de la tragedia del 27 de septiembre de 2014.

En tanto, la Fiscalía General del Estado ha guardado total silencio respecto al señalamiento que le hace el Giei, de que no entregó la ropa que le quitaron a los normalistas, e igual ha hecho el Tribunal Superior de Justicia sobre la declaración de los expertos de que destruyeron evidencias contenidas en videos.

No es todo: este jueves 20 de agosto se cumplieron los tres meses otorgados al Estado mexicano por la Cidh, organismo de la Organización de Estados Americanos para que presente sus observaciones con relación a la matanza de El Charco, a 17 años de ocurrida.