El desempeño del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, en torno a la responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y otros funcionarios involucrados en escándalos con la constructora Higa, obliga al Congreso a acelerar los trabajos sobre la veintena de leyes secundarias requeridas para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, advirtieron senadores de PAN y PRD.

La panista Laura Angélica Rojas y el senador Alejandro Encinas coincidieron en que la SFP actuó como un apéndice del Ejecutivo federal, al exculparlo del evidente conflicto de intereses en que incurrió, al aceptar la residencia conocida como Casa Blanca, propiedad de la empresa Higa, constructora preferida desde que Peña Nieto fue gobernador del estado de México.

Coincidieron en que ante una SFP dedicada a justificar la impunidad de los funcionarios, es urgente que el Senado nombre al fiscal anticorrupción, cargo que está pendiente desde el pasado periodo de sesiones.

Rojas consideró que la resolución de la SFP respalda la tesis de que la corrupción se ha institucionalizado y evolucionado a tal grado que las instituciones y leyes actuales han quedado rebasadas, por lo que consideró urgente la aprobación de las leyes que desarrollarán el Sistema Nacional Anticorrupción para que éste empiece a funcionar de manera plena.

Hizo notar que las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que en su mayoría se caracterizan por una redacción similar por su rigidez, han quedado desfasadas, ante las nuevas formas de desfalco de recursos públicos a cambio de beneficios privados.

Adelantó que su bancada presentará una propuesta de nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, centrada en evitar la impunidad, por conducto de sistemas de información sobre declaraciones patrimoniales, de intereses, de servidores públicos sancionados, con datos conjuntos del orden federal, local y municipal.

De esa forma, dijo, será más fácil prevenir, monitorear y probar posibles actos de corrupción de los servidores públicos.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, señaló que el dictamen de las leyes anticorrupción es uno de los temas centrales de la agenda del próximo periodo ordinario, que comienza el primero de septiembre. Opinó que la SFP no tiene razón de existir.

Encinas dijo que Andrade debe ser removido del cargo, ya que es evidente que sí tiene un conflicto de intereses, en virtud de su relación previa en el equipo de transición de Peña Nieto y su cercanía con Luis Videgaray.

Una burla: Luege

En tanto, José Luis Luege, ex director de la Comisión Nacional del Agua, calificó de burla la exculpación de Peña Nieto y Videgaray.

Definió este anuncio como una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos.

El ex dirigente del blanquiazul en la ciudad de México agregó que la disculpa del mandatario prácticamente es una aceptación de que violó la ley.

Sobre la decisión de la dirigencia nacional de su partido de interponer una denuncia penal en contra de Peña Nieto ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción por la adquisición de dos casas-habitación a contratistas gubernamentales, señaló que una medida de ese tipo difícilmente va a prosperar, por lo que consideró necesario recurrir a instancias internacionales.

(Con información de Georgina Saldierna)