Río de Janeiro.

Un representante del sector privado brasileño, Roberto Egydio Setubal, presidente ejecutivo de Itaú Unibanco Holding, el mayor banco de Brasil por su valor de mercado, afirmó que en la gestión administrativa de la presidenta Dilma Rousseff no existe causa que justifique un juicio político en su contra, como han exigido miles de brasileños en tres manifestaciones realizadas este año.

La declaración de Setubal ocurre una semana después de que cientos de miles de brasileños protestaron contra Rousseff, situación que no se presentaba en este país sudamericano desde 1992, cuando fue destituido por corrupción el entonces presidente Fernando Collor de Mello.

Los rivales políticos de Rousseff han buscado bases para que el Congreso la retire del cargo, pero en una entrevista publicada este domingo en el diario Folha de S. Paulo, Setubal dijo: nada de lo que he visto o he oído me hace creer que haya condiciones para un juicio político.

Asediado por la caída del ritmo económico, un estancamiento político que ha frenado sus esfuerzos por recuperar el crecimiento y un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petroleos Brasileiros (Petrobras), Brasil enfrenta actualmente su mayor turbulencia en tres décadas.

No obstante, Setubal es uno de los empresarios que cada vez en mayor número dicen que el juicio político a Rousseff sólo creará más inestabilidad.

El banquero dijo que no hay suficiente evidencia que la vincule al enorme escándalo de sobornos ligados a Petrobras y que las maniobras contables del gobierno en 2014, que investiga el auditor federal, no son lo suficientemente graves para justificar que pierda el cargo.

Eso puede merecer algún tipo de castigo, pero no me parece razón para derrocar a un presidente, sostuvo Setubal.

Apenas el 18 de agosto, Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del estado de Sao Paulo, uno de los más ricos de Brasil, descartó la posibilidad de apoyar un juicio político contra Rousseff.

En Brasilia, el ministro-jefe de la secretaría general de la presidencia brasileña, Miguel Rossetto, reiteró la postura oficial de que a pesar de las tres manifestaciones de marzo, abril y agosto, el juicio político de desafuero es una agenda rechazada, enflaquecida, del pasado. No hay base jurídica y legal para un movimiento de esa naturaleza.

Todo lo contrario, destacó Rossetto, es grave la denuncia de lavado de dinero formulada por fiscales federales contra el presidente de la Cámara de Diputados, el conservador Eduardo Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, quien ha obstaculizado proyectos de Rousseff desde que asumió el cargo legislativo en febrero pasado.