La Habana.

Cuando el gobierno de Colombia y las FARC alcancen el acuerdo bilateral de cese del fuego los colombianos conocerán por fin lo que es un día sin guerra. El compromiso de la sociedad con el proceso de paz se afianzará. Entonces sí, la pacificación será irreversible, asegura en entrevista Marco León Calarcá, como se conoce por su nombre de guerra a Luis Alberto Albán, miembro del estado mayor central de la organización guerrillera y uno de los 17 negociadores de ésta que se encuentran en La Habana.

La mesa de diálogo que sesiona en la capital cubana inició su ronda número 39 el pasado jueves 20 de agosto con el anuncio de las FARC de ampliar por un mes más el cese del fuego unilateral que decretaron en junio, luego de un retroceso –entre abril y junio– que llevó las zonas de conflicto a los cruentos niveles de violencia que se vivieron en 2010, con más de 50 combates y los bombardeos de la fuerza aérea principalmente en los departamentos de Cauca y Caguán.

Junio, según el espacio informativo Verdad Abierta, fue el mes más violento en el país desde que se iniciaron las negociaciones que pretenden alcanzar un acuerdo de paz, hace ya tres años cinco meses (febrero de 2012).

El declive del proceso de pacificación se ha detenido desde la ronda 38, el 20 de junio. En las mesas de diálogo que se desarrollan en el Palacio de las Convenciones de esta ciudad las FARC decretaron un nuevo cese del fuego –ahora prorrogado un mes más– y firmaron un documento que llamaron “Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia”. Los negociadores entraron a discutir los dos últimos puntos del plan de pacificación: la entrega de armas de las FARC y la implementación de un cese del fuegos bilateral y punto final del conflicto.

Además se reanudaron los trabajos que realizan comisiones conjuntas de militares y guerrilleros para el desminado y lo que llaman la descontaminación de explosivos. Se estima que en más de la mitad de los municipios del país hay zonas sembradas de minas por ambas partes.

En esa fase trabaja una comisión técnica bilateral integrada por 10 generales del ejército y 10 comandantes de las FARC. Ahí no participan políticos. Las decisiones las toman los que sí saben qué es la guerra, apunta Calarcá.

–Y a partir de ese momento ¿qué tan lejos se puede estar del punto final de la guerra?

–Admitiendo que el proceso se fue para atrás estos meses y que apenas estamos saliendo del momento más complicado que hemos vivido, hoy podemos ver que tenemos un balance positivo. Y que vamos por buen camino.

León ha sido vocero y responsable del área político-diplomática de las FARC durante años. Radicó en México desde los diálogos de La Trinidad, Tlaxcala, en los 90 hasta 2002, cuando el gobierno de Vicente Fox abrazó la doctrina uribista de cerrar las puertas a la guerrilla y lo expulsó del país.

Partícipe del proceso desde los primeros contactos exploratorios con personeros de Santos en Colombia, el diplomático del grupo guerrillero analiza la evolución que ha tenido el proceso desde que arrancó a la fecha.

El punto de partida del gobierno hoy ya no es con el que Santos inició la negociación. Él sostenía que las FARC se concentren en un punto, entreguen las armas y se reinserten en la política. Fue el esquema con el que se firmó la paz con el M-19; con el que se negocia con el ELN y el EPL (las otras organizaciones insurgentes). Es el mismo que se trajo a la mesa de negociaciones de Tlaxcala, en los 90. Ese esquema no funciona.

Explica cómo se ha movido el tablero. Para empezar, en los tres años cinco meses que llevamos de negociaciones se han firmado tres borradores para los acuerdos de paz: sobre el tema de tierras, participación política y política de drogas ilícitas. Todos tienen salvedades, pero hay acuerdo en principio.

Además, entre marzo y julio el proceso se mantuvo contra viento y marea. Santos viajó a las bases militares de todo el país para explicar a los activos del ejército el desarrollo del proceso de pacificación. Y en mayo el Consejo de Estado reconoció la existencia de un conflicto armado y se deslindó de la concepción de que las FARC son una organización narcoterrorista, sino una organización armada.

Mientras, continúan acciones tangibles de distensión y desescalamiento del conflicto. Se calcula que más de la mitad de los municipios del país tienen campos minados. Calarcá subraya el trabajo que se está haciendo, en un primer momento en Antioquia pero con la idea de extenderlo a todos los frentes, para la descontaminación de explosivos y desminado. Es un programa que no sólo desactiva las minas, sino que implementa programas de protección alternativos para las poblaciones.

Y también se trabaja en una fórmula para el cese del fuego bilateral. Ya está lista la comisión de verificación internacional que va a acompañar el proceso. Lo integran por la ONU Jean Arnault (que fue garante de los acuerdos de paz de Guatemala, en los 90) y José Bayardi.

El último año de encuentros no ha sido en balde, dice.

Un tema espinoso que aún mantiene muy alejadas las posiciones de las dos partes es el de la justicia transicional. En las FARC sostenemos que este no puede ser un intercambio de impunidades, sostiene Calarcá. Entre la derecha colombiana se exige que los jefes guerrilleros sean condenados e inhabilitados de por vida. Actualmente hay cerca de 10 mil militantes guerrilleros en cárceles hacinadas.

En la guerra se cometieron verdaderos baños de sangre, masacres que provocaron millones de desplazamientos. Esos son crímenes de lesa humanidad, porque fueron sistemáticos. Los responsables de esto no fuimos nosotros; fueron militares, paramilitares y policías. Los guerrilleros no cometieron crímenes de manera sistemática. Lo que se quiere es someternos sólo a nosotros a un gran juicio interno y eso no lo vamos a aceptar.

Para acercar las posiciones ya se integró un comité de juristas que analiza la salida a este tema y hará una propuesta en dos meses como máximo.

–¿Qué modelo se propone? ¿Amnistía para todos, como se acordó en El Salvador y Guatemala?

–Amnistía por crímenes de guerra no. Eso no lo permite ni la Corte Penal Internacional. Además, no se puede pensar que sólo los combatientes cometieron crímenes. Políticos y oficiales que no fueron combatientes también cometieron crímenes. Por ejemplo, el entramado de los falsos positivos. Hay una línea de mando que lleva muy hasta arriba.

–Otro nudo es el desmantelamiento total de las organizaciones paramilitares. ¿Está en la agenda de La Habana?

–Apenas está enunciado en una comisión de justicia y paramilitarismo. Pero esto va mucho más allá. Hoy mismo, en este nuevo contexto, hay organizaciones neoparamilitares actuando, imponiendo retenes, controlando territorios, amenazando y ejecutando personas, principalmente en Meta, Casanare y Guaviare. Esta comisión apenas ha tenido un par de reuniones.

–Después de esto, ¿qué falta?

–En noviembre viene un momento muy fuerte porque cada parte tiene que evaluar lo que se ha avanzado y lo que no, y si vamos a seguir. Después vendrá la implementación de todo un cuerpo de acuerdos. Y eso tiene que ver con la política legislativa, con un refrendo. El gobierno de Santos propone un proceso legislativo extraordinario. Nosotros proponemos una nueva constituyente.