os abogados de migrantes indocumentados informaron ayer que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos les ha impedido ingresar a los centros de detención en los que se encuentran numerosas familias de extranjeros en el sur de Texas. Kim Hunter y Andrew Free, ambos defensores voluntarios, pertenecen a una coalición de 500 litigantes que se turnan, una semana al año cada uno, para trabajar con los internados en el centro de Dilley, donde actualmente están recluidos cerca de mil migrantes.

Los abogados señalaron diversas irregularidades cometidas por el ICE, como enviar empleados de la institución a hablar con los detenidos a espaldas de los defensores, y denunciaron que la dependencia ha multiplicado los pretextos para impedir el acceso de los segundos al centro de reclusión: desde supuestos motivos de seguridad –poco verosímiles, si se toma en cuenta que el centro de reclusión está principalmente poblado por mujeres y niños– hasta presuntas actitudes beligerantes de los defensores o la realización de encuestas no autorizadas.

La situación expuesta –violatoria, a todas luces, de la legalidad estadunidense y de los derechos humanos de vigencia universal– es sólo un eslabón más en la cadena de atropellos que padecen los trabajadores y refugiados extranjeros y sus familias en el territorio del país vecino. Que haya centenares de niños encarcelados por el simple hecho de arribar al país sin papeles es ya un atropello impresentable de un gobierno que se dice defensor de las libertades y de las garantías individuales.

En mayo pasado varios legisladores demócratas se hicieron eco de la situación y demandaron al presidente Barack Obama poner en libertad de inmediato a cerca de 2 mil mujeres y niños detenidos en Texas y Pensilvania. La congresista californiana Zoe Lofgren dijo al respecto que esas personas que huyen de la violencia en sus países no violan la ley (sino que) buscan asilo en Estados Unidos, uno de los principios centrales de nuestras leyes de migración, y recalcó que el confinamiento de los extranjeros en sitios que no reúnen las condiciones apropiadas de salubridad y seguridad no sólo resulta inconcebible sino que es también antiestadunidense.

Sin embargo, el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a poner fin a la práctica del encarcelamiento de niños y mujeres. Al contrario, ha incrementado la severidad en el régimen de reclusión, como puede desprenderse de lo señalado ayer por los abogados defensores voluntarios.

Y en tanto la administración de Obama se empecina en el trato inhumano a los viajeros, en el bando republicano avanzan las posiciones xenofóbicas, cuyo principal portavoz es el precandidato presidencial Donald Trump. Otros han propuesto que se elimine la nacionalidad por nacimiento, que en la actualidad se otorga en forma automática aplicando la 14 enmienda de la Constitución estadunidense.

Todo parece indicar que, al aproximarse los comicios presidenciales previstos para el año entrante, se desvanecerán las posibilidades de una reforma migratoria y, como ha sido la norma en ocasiones anteriores, la mayoría de los políticos buscarán atizar la xenofobia de importantes sectores de la población con afán de asegurarse la mayor cantidad de votos posible.

Cabe esperar que los integrantes de la comunidad de origen latinoamericano que ya cuentan con la ciudadanía estadunidense sean capaces de organizarse para orientar sus sufragios hacia las candidaturas que, en lugar de exacerbar fobias racistas, propugnen la humanización de las disposiciones migratorias y su adecuación a los derechos humanos.

Y en lo inmediato debe buscarse la inmediata puesta en libertad de las mujeres y de los menores recluidos en los centros de detención pues, como señaló la legisladora Lofgren, no han cometido delito alguno y su situación es un agravio a la conciencia del mundo.