na vez más se da mues­tra de que vivimos tiempos de impunidad sin concesiones. La comandancia zapatista acusó justificado e indignado recibo de que no tiene razón alguna para confiar en la justicia de los de arriba. Justicia que lamentablemente no da cuenta de imparcialidad y objetividad y que, tratándose de movimientos o sectores sociales ajenos a las élites políticas y económicas, sistemáticamente se elude la verdad histórica o la fabrican a modo, como en el caso Ayotzinapa.

En su comunicado del pasado 16 de agosto, los subcomandantes Moisés y Galeano informaron que “han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas. El autodenominado ‘juez’ Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la Cioac-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen. No los únicos, pero también lo son”. A su vez, el director del Frayba, Pedro Faro, señaló que ambos indígenas tojolabales presuntamente fueron liberados con el argumento de que se retractaron los testigos y que el agente del Ministerio Público no dio fe del cadáver del maestro de la escuelita zapatista. Afirmó que, además, existen 10 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Cioac-H –acusados de estar involucrados en los hechos– que no han sido ejecutadas, a pesar de que ya pasaron 15 meses (La Jornada, 22/8/15).

Recordemos que el 2 de mayo de 2014, integrantes de la Cioac-H, asesinaron con arma de fuego y machetes al maestro Galeano, José Luis Solís López, zapatista de la comunidad La Realidad. La comandancia zapatista señaló en esos días que: 1) se trató de una agresión planeada con anticipación, organizada militarmente y llevada a cabo con alevosía, premeditación y ventaja. Y es una agresión inscrita en un clima creado y alentado desde arriba; 2) están implicadas las direcciones de la llamada Cioac-Histórica, el Partido Verde Ecologista (nombre con el que el PRI gobierna en Chiapas), el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional; 3) está implicado al menos el gobierno del estado de Chiapas. Falta determinar, señalaron, el grado de involucramiento del gobierno federal. Hoy, como en el caso Acteal, nuevamente se justifican resoluciones en lógica contrainsurgente bajo las fallas consuetudinarias al debido proceso.

No podemos asumir que se trata de una decisión ajena a la intencionalidad política de provocación al EZLN y en específico a las bases zapatistas de la emblemática comunidad de La Realidad. Por lo visto pretenden encender la confrontación local con apoyo paramilitar, para impedir la articulación con los otros movimientos que en el país están organizados en resistencia, como los casos yaqui, Xochicuautla, Ostula, Ayotzinapa o el magisterio democrático, entre muchos otros a los que los subcomandantes señalan en su comunicado.

Tampoco es ajeno este escenario al muy próximo anuncio del proyecto que Enrique Peña Nieto enviará al Congreso como iniciativa para facultar al Ejecutivo federal en la determinación de crear zonas económicas especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, bajo el argumento de facilitar la inversión estratégica trasnacional y, según el dicho del secretario de Hacienda, en esas entidades no se observan los efectos positivos (sic) de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de la inserción de México en la globalidad. Agregan que ya se superará el asistencialismo y la extrema pobreza. Van por todo sobre los territorios y su plan contra los pueblos indígenas está en curso.

Ese es el sentido de reactivar la tensión en La Realidad para tender en los hechos un cerco local al EZLN; de defender al Ejército a toda costa en los casos de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Ayotzinapa; de mantener en prisión a los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, a Nestora Salgado y Cemeí Verdía, de concentrar en Oaxaca a 15 mil elementos de la Policía Federal para contener la protesta magisterial. Todo ello mientras se tiende el manto de impunidad, se anuncia la autoexoneración y usted disculpe en el caso de la llamada Casa Blanca y se exhibe la incapacidad y cadena de complicidades en la fuga de El Chapo Guzmán de lo que no se dará cuenta en el próximo Informe presidencial. Los próximos meses serán cruciales para detener esta ofensiva. Bien dijeron los zapatistas en su reciente seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista: las cosas están mal y se van a poner peor.