l Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó ayer un proyecto de presupuesto de 11 mil millones de pesos para el año entrante, cifra a la que deben sumarse 4 mil 31 millones para prerrogativas de los partidos políticos.
Al justificar el monto aprobado para ejercer durante el año entrante, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, dijo que forma parte de un ejercicio de responsabilidad
ante la situación económica que atraviesa el país, que responde a las necesidades y nuevas atribuciones del INE y que será destinado a consolidar la modernización institucional de la autoridad electoral.
El pretendido celo de austeridad de ese instituto, sin embargo, queda en entredicho al comparar la cifra aprobada con la correspondiente al año pasado, particularmente en el presupuesto base para la operación del organismo, que se destina fundamentalmente a salarios y que pasará de 7 mil 888 millones de pesos en 2015 a 8 mil 352 millones en 2016. Por otra parte, cabe preguntarse con qué lógica se calculó el monto que se entregará a los partidos políticos y que muestra apenas una reducción menor –de 5 mil 355 millones a 4 mil 31 millones de pesos– entre 2015 y 2016, pese a que el año entrante no habrá elecciones federales.
Con independencia de esas consideraciones, el gasto que el INE pretende asignarse resulta indefendible si se coteja con su desempeño en su responsabilidad fundamental: organizar procesos electorales equitativos, transparentes y confiables. En efecto, el instituto surgido de la reforma político electoral de principios de sexenio no pasó la prueba de fuego que representó el proceso electoral de 2015, durante el cual proliferaron violaciones sistemáticas a la ley por parte de fuerzas políticas –marcadamente, el Partido Verde Ecologista de México–, sin que los consejeros del INE atinaran a imponer sanciones ejemplares.
Si el sentido de los recortes presupuestales anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que el gobierno federal se apriete el cinturón
–como señaló ayer su titular, Luis Videgaray–, lo menos que cabría esperar es que esa lógica se hiciera extensiva a organismos autónomos como el INE, cuyos funcionarios suelen despacharse con altos salarios y prestaciones faraónicas.
Por desgracia, el caso del INE no es aislado, sino que se inscribe en el contexto de una institucionalidad que año con año representa un costo astronómico para los contribuyentes, el cual resulta inaceptable, no sólo si se le compara con las cifras correspondientes a países industrializados y más prósperos que el nuestro, sino, sobre todo, si se coteja lo invertido con los nulos resultados del ejercicio gubernamental en materia económica, de seguridad pública y de bienestar social.
La coyuntura económica nacional plantea una perspectiva de adecuaciones presupuestarias que resultarán previsiblemente dolorosas para la población. No es justo que organismos ineficaces como el INE queden indemnes ante esa circunstancia. Se requiere, en cambio, que los recursos de la nación se destinen a fortalecer rubros cruciales, como la inversión en educación, salud, infraestructura, desarrollo agrario y bienestar social, y a la creación de fuentes de empleo, y ello difícilmente se logrará sin revertir el costo excesivo de instituciones como la referida.
