En México hay un aumento alarmante en el numero de agresiones, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de los defensoras de derechos humanos, prácticas que se han generalizado y en las que campea la impunidad.

En el informe Defender los derechos humanos en México: la represión, una práctica generalizada, elaborado por diversas organizaciones, se señala que entre junio de 2014 y el 31 de mayo de este año se documentaron 860 casos, casi 30 por ciento más que un año antes.

Añade que Guerrero es la entidad con mayor número de actos de este tipo, con 202, seguidos del Distrito Federal (140), Chiapas (64) y Oaxaca (55). Pero no hay estado que sea la excepción.

El informe, de 162 páginas, que documenta con nombre completo de la víctima, organización a la pertenece o pertenecía, contexto de la agresión y responsables de dichas violaciones, señala que al mismo tiempo que se profundizan las políticas neoliberales que despojan a la población de las mínimas condiciones de vida digna, también se masifica el uso de estrategias dirigidas a intentar aniquilar e inhibir el derecho humano a la protesta.

Al comentar el documento, el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, afirmó que esta práctica se ha convertido en una política de Estado.

“No se puede soslayar –dijo– que muchos de estos casos de violaciones son perpetrados por agentes del Estado, y las víctimas, personas o grupos que históricamente han estado en contra de la violencia estatal, confrontan a los malos gobiernos”.

En el acto, realizado en el Centro Universitario Cultural, Concha Malo indicó que otro aspecto es la poca o nula respuesta del sistema de justicia para atender estos ataques.

Hay una impunidad reinante, y es evidente que las instituciones se quedan cortas para hacer efectivos los derechos y el acceso a la justicia, afirmó.

En el informe, elaborado por las organizaciones Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, se destaca el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, identificado como el primero en su tipo en el México contemporáneo.

Se señala que en los informes elaborados en el gobierno de Felipe Calderón y hasta el primer año y medio de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada en contra del movimiento social y los defensores de derechos humanos se cometía de manera selectiva como un mecanismo de represión, principalmente, para descabezar a las organizaciones sociales.

Sin embargo, el caso de los 43 normalistas desaparecidos y el incremento año con año de defensores de los derechos humanos víctimas de desaparición forzada indica que esta práctica, lejos de disminuir, aumenta y conlleva el grave riesgo de que vuelvan a cometerse.

Tan sólo en el caso de desaparición forzada, en el periodo del informe se reportan 52 defensores de derechos humanos víctimas de esta práctica, que sumados a las 29 del primer año y medio del gobierno peñista, suman 81.

Pero la detención arbitraria sigue siendo el mecanismo más usado para frenar el derecho humano a la protesta y para criminalizar a los activistas.

En el reciente año se documentaron 459 detenciones arbitrarias: 47 casos más que en el pasado informe, donde se reportaron 412 casos.