Guatemala.

Una comisión parlamentaria que investiga al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por delitos relacionados con un caso de fraude al fisco en el sistema de aduanas, pidió este sábado al Congreso retirarle la inmunidad para que sea investigado y se celebre una sesión urgente del pleno para que conozca el informe y vote sobre la situación del mandatario.

Esta comisión considera necesario y recomienda que el presidente Pérez Molina sea puesto a disposición de la justicia común, leyó el diputado Jorge Mario Barrios, secretario de la comisión investigadora.

Barrios destacó que los cinco legisladores que integran la comisión tomaron la decisión de manera unánime, porque existen indicios racionales y suficientes sobre la comisión de uno o varios delitos por el presidente.

Pérez Molina fue citado para presentarse ayer ante la comisión, con el propósito de que expusiera sus alegatos de defensa, pero el gobernante rechazó comparecer, pese a que en su pasada alocución televisiva prometió que daría la cara por las acusaciones de corrupción en que se ha visto involucrado y que han llevado a grandes sectores de la sociedad guatemalteca a pedir su dimisión.

El mandatario envió con su abogado un escrito a la comisión, en el cual afirma que las denuncias en su contra son ilegítimas y no aportan elementos de razonabilidad que deriven en delito alguno, ya que, están basadas en especulaciones y apreciaciones subjetivas.

El abogado de Pérez Molina, César Calderón, argumentó que, debido a que la ley no obliga la presencia física del presidente, se optó por entregar el escrito negando los hechos que se le imputan. Recordó que ya se había solicitado un antejuicio contra el gobernante y que no se puede volver a presentar dicha petición porque sería una doble persecución penal.

La anterior solicitud de retiro de la inmunidad, presentada por el diputado opositor Amílcar Pop, quedó archivada en el Congreso el 13 de agosto, debido a que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. El análisis de la comisión señala que no se trata de doble persecución y que tampoco es un caso espurio, como alega el jefe de gobierno.

La comisión investigadora, que no determina la culpabilidad o inocencia del presidente, solicitó que se convoque al pleno del Congreso de manera urgente, con el objetivo de poner a su disposición los elementos para que el mandatario sea llevado ante la justicia común.

Congresistas de la Alianza Creo-Unionista informaron que solicitarán a la presidencia del Legislativo convocar a una reunión plenaria este domingo para que prospere el retiro de la inmunidad a Pérez Molina. Deberán votar en favor al menos 105 de los 158 diputados para que la pérdida del fuero se lleve a cabo.

Según la investigación de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente sería uno de los cabecillas de un grupo delictivo denominado La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos. Con base en esa sospecha, ambas entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso a comenzar el proceso de antejuicio (retiro de inmunidad) contra el gobernante.

Las pruebas

Una de las pruebas que involucran a Pérez Molina en la estafa es una grabación telefónica con el detenido ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, a quien exige cambios de personal en la entidad, la cual goza de autonomía. Ello fue interpretado por los investigadores como injerencia en la institución para colocar funcionarios en puestos clave y facilitar la operación ilícita.

El prófugo Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidencia Roxana Baldetti, ejercía el control de La Línea y, según escuchas telefónicas interceptadas por la Cicig y la fiscalía, varios miembros de la red de defraudación hacían alusiones a El 1, El dueño de la finca, y que a éste se hacían llegar parte de los sobornos recaudados. La fiscal Thelma Aldana dijo que, según esa evidencia, hay altas probabilidades de que se refieran al mandatario.

Luego de que la Cicig, que se formó por un acuerdo en la Organización de Naciones Unidas, hizo el descubrimiento –el pasado 16 de abril–, al menos 14 miembros del gabinete –ministros, secretarios, comisionados y viceministros– han renunciado y hay un centenar de personas bajo investigación.

Baldetti, quien de acuerdo con las autoridades recibió sobornos de la red delictiva, renunció el 8 de mayo y está bajo arresto preventivo.