Hermosillo, Son.

Blake Urrutia García, abogado de tres de las parejas de padres acusadas de comprar niños a una red de traficantes de menores encabezada por un funcionario de Sonora, dijo que sus clientes acudieron al DIF del estado a tomar cursos para convertirse en padres adoptivos. Posteriormente “un funcionario –el subprocurador de la Defensa del Menor, Vladimir Arzate, actualmente prófugo– los contactó para hacerles creer que iban a iniciar un proceso legal de adopción”.

Destacó que la autoridad debería buscar, por sobre todo, la protección de los menores, pues al ser retirados de sus hogares adoptivos están enfrentando un trauma. Aseguró que representa “a un grupo de padres que fueron engañados.

Al principio se les habló de una adopción, pensaron que se estaba haciendo un proceso más ágil; no pensaron que estuvieran participando en una actividad delictiva, y cuando recibieron los documentos, días después de que los niños estaban ya en sus casas, se dieron cuenta que no era una adopción y los estaban haciendo pasar por padres biológicos.

Refirió que cuando el proceso de adopción avanzaba los integrantes de la red les pedían una alta suma de dinero para continuar el trámite.

Días después de que les entregaron a los niños recibieron la documentación, entonces notaron algo raro, pero cuando ya hay un vínculo afectivo, es muy difícil echarse para atrás, dijo el abogado.

Libres bajo fianza

Señaló que los padres que representa están en libertad, tras pagar una fianza, pero no precisó cuántos niños que tenían en resguardo permanecen aún en una casa hogar del DIF, luego de que al menos nueve fueron retirados a los padres adoptivos.

Una pareja devolvió a la criatura a la casa hogar Unacari cuando supieron del problema; en ese caso, el niño ya internado en la casa hogar comenzó a perder peso, a estar decaído; no se adaptaba con sus compañeros y en un actuar humanista (sic) de las autoridades decidieron devolvérselos, dijo.

Sugirió a las autoridades instalar un protocolo sobre cómo avanzar en la investigación, pues consideró incorrecto que se destruya cada hogar por el mal actuar de una autoridad.

Van a salir más casos, y se necesita un protocolo de cómo atenderlos; no podemos ir a cada hogar, quitar niños por un tiempo y luego devolverlos; los niños tienen derecho a un hogar, insistió.

Aseguró que sus defendidos en todo momento actuaron de buena fe, prueba de lo cual es que tomaron el curso que las autoridades solicitaron para prepararse cuando se diera la oportunidad de una adopción.