os jefes de las bancadas del Partido Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz y Marko Cortés Mendoza, respectivamente, expresaron propósitos de transparentar y fiscalizar las cuentas del Poder Legislativo, el cual, como se sabe, recibe presupuestos multimillonarios que son ejercidos en discrecionalidad y opacidad casi totales.
Tales expresiones tienen como antecedente inmediato el anuncio del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de que sus integrantes renunciarán, como hicieron sus correligionarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los seguros de vida y de gastos médicos mayores, medida que fue imitada por los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y rechazada por priístas y panistas.
Cabe recordar que las percepciones anuales de cada diputado federal, sumadas las dietas y aguinaldos, más los seguros mencionados –con cobertura parcial para familiares–, así como otros rubros como ayuda para despensa
, ascienden a casi 2 millones de pesos. Adicionalmente, el erario aporta los viáticos de los legisladores en sus salidas al extranjero, así como los sueldos y prestaciones de asesores, secretarias y choferes a su servicio. Muchas de esas prestaciones, como los seguros médicos y de vida, benefician también a los altos funcionarios de la Cámara de Diputados. Por añadidura, cada legislador recibe partidas de asistencia legislativa
y de asistencia ciudadana
de las que puede disponer con total discrecionalidad.
La fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos, ciertamente, resultan imperativo elemental para instituciones y funcionarios públicos. Los órganos del Poder Legislativo no deben ser la excepción, y es urgente adoptar mecanismos concretos para ejercer un mínimo control sobre los miles de millones de pesos que ambas cámaras cuestan al país. Sin embargo, tal propósito, de no ir acompañado de una política de austeridad en las percepciones, prestaciones y gastos de legisladores y funcionarios, deviene en un mero ejercicio de cinismo institucional.
En efecto, los ingresos de los altos funcionarios y de los representantes populares del país resultan desproporcionados en relación con los ingresos medios de la población e incluso ofensivos si se considera que el salario mínimo vigente apenas sobrepasa 2 mil pesos mensuales. Las reformas propuestas por la Presidencia y aprobadas por el Legislativo han exigido a la mayoría de la población severos sacrificios económicos que no han tenido correspondencia alguna en las cúpulas del poder, cuyos integrantes siguen dándose un tren de vida injustificable y dispendioso.
Pero además, si los elevadísimos gastos de los tres poderes y de los organismos autónomos resultan injustificables en cualquier circunstancia, tanto más lo son en el escenario de dificultades económicas mayúsculas que el país enfrenta, y que de acuerdo con todos los pronósticos se agudizarán el año próximo. La transparencia, en suma, es obligada, y la austeridad es inaplazable.
