medio sexenio el régimen cruje por todos lados. Las inescrupulosas maneras empleadas en 2012 para colocar en la presidencia a Enrique Peña Nieto siguen gravitando en contra de la legitimidad del régimen. El intento de recomposición de la hegemonía política mediante el llamado Pacto por México
que fue en realidad un pacto en contra del país y sus intereses, provocó un severo desprestigio a los partidos que se prestaron a la maniobra. Las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas públicas de seguridad en Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato y Apatzingán, así como los ulteriores actos gubernamentales de omisión y encubrimiento se suman a las decenas de miles de homicidios impunes y a los miles de desapariciones forzadas en lo que va del periodo peñista y retratan de cuerpo entero a un régimen que, lejos de preocuparse por preservar las garantías indivuduales y el derecho a la vida y la integridad de las personas, recurre a la violencia ilegítima y atroz para aterrorizar a la población y buscar de esa forma su permanencia en el poder.
A la indignación pública por la corrupción y los manifiestos negocios turbios de los más altos funcionarios del Ejecutivo se le responde con ejercicios de cinismo tan impresentables como la exoneración de Peña Nieto y Videgaray por un secretario de la Función Pública que no trabaja para esclarecer sino para fabricar coartadas legaloides a la impunidad. Por si faltara algún ingrediente de crisis, el equipo económico del peñato ha minado las bases del crecimiento económico, ha sido incapaz de hacer frente a las circunstancias internacionales adversas y ha llevado los indicadores económicos y sociales a los puntos más bajos de la historia reciente. El país está endeudado hasta el tope, el producto interno bruto no avanza, la moneda nacional ha perdido un tercio del valor que tenía hace tres años, más de dos millones de mexicanos han engrosado las filas de la pobreza y los únicos ciudadanos que no están al tanto de la inflación galopante son Peña, Videgaray, y Agustín Carstens.
El régimen cruje ante presiones y resistencias sociales intensas y vivas y si se resiste a efectuar cambios de estrategia, así sean mínimos, es porque ha perdido toda flexibilidad. A estas alturas cualquier viraje, por pequeño que fuera, afectaría al complicadísimo entramado de negocios, complicidades y encubrimientos que es el peñato. Las pomposas disposiciones anticorrupción
y el reciente ajuste de gabinete son simulaciones cosméticas que dejan intocados a los protagonistas de los escándalos y a dos de las secretarías a las que cabe mayor responsabilidad por el desastre nacional actual –Hacienda y Gobernación–; se trata de remedos menores de control de daños y, a lo sumo, de un poco de carne a los leones siempre hambrientos de la especulación sucesoria.
Más allá de esos juegos de palacio el régimen está incapacitado para imprimir un mínimo sentido social al manejo económico y para hacer frente a la violencia, la inseguridad y los atropellos que padece la población en forma cotidiana, ya no se diga para esclarecer los casos más impresentables de corrupción y de violencia de Estado y procurar justicia. Las procuradurías federal y estatales, las cámaras legislativas, las cortes, las autoridades electorales y hasta las instancias de transparencia están sometidas a la lógica de la protección mutua.
En suma, lo que el país puede esperar de la segunda mitad del peñato es peor que lo que sufrió en la primera: una descomposición institucional acentuada y una agudización de ineptitudes, deshonestidades, autoritarismos, insensibilidades, frivolidades e impunidades pero no hay a la vista perspectivas de un colapso prematuro del régimen. Tal escenario sólo podría ser causado por un estallido social generalizado y articulado, para lo cual no parece haber la organización suficiente; por una ruptura súbita e irresoluble dentro del grupo gobernante, poco probable dada la urdimbre de intereses ya referida, o bien por un cambio inesperado de las alianzas y prioridades de Washington en México, una eventualidad que no puede descartarse pero para la cual no hay motivos aparentes: aunque sea impresentable, Peña se ha desempeñado como garante leal y confiable de los intereses de Estados Unidos en el país.
Para atenuar y contrarrestar el desastre peñista quedan las resistencias populares desde abajo y la participación en las brechas de la institucionalidad que han sido abiertas mediante el sufragio consciente: legislaturas, ayuntamientos y jefaturas delegacionales. En la medida en que ambas se articulen los próximos tres años serán menos amargos para la sociedad.
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