El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, admitió a trámite la facultad de atracción, solicitada por familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –desaparecidos desde mayo de 2007–, para que la búsqueda se amplíe a cuarteles militares y se indague a soldados, policías federales y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) presuntamente involucrados en los hechos.

Se informó que, por considerar que el asunto es de importancia y trascendencia jurídica, Aguilar turnó, el pasado primero de junio, el asunto a la primera sala de la Corte –encargada de asuntos civiles y penales– para que decida si ejerce su facultad de atracción en este caso de desaparición forzada.

Los familiares de las víctimas, quienes realizaron ayer un mitin ante la sede del máximo tribunal, argumentan que desde hace más de un año la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido la resolución 29/2014 de un tribunal federal, la cual ordena reactivar la búsqueda de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Nadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, entrevistada en el contexto de la movilización –es hija de una de las víctimas–, señaló que esa eventual atracción y resolución sentaría un precedente importante sobre cómo debería ser la actuación para realizar la búsqueda de personas que han sido víctimas de ese delito. Pero no vemos voluntad para ello, subrayó.

La resolución 29/2014 ordena la búsqueda de ambas personas, pertenecientes al EPR, pero también instruye al Ministerio Público Federal citar a comparecer a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Cisen. De igual forma, realizar exhumaciones de cuerpos que tengan características similares a las de la gente que se busca.

Durante la protesta, que duró dos horas, los representantes de las organizaciones convocantes señalaron que la existencia de miles de víctimas de desaparición forzada es muestra de que no existe un marco jurídico que la prevenga y erradique, en medio de una total impunidad.

Por ello, insistieron, es necesaria una ley general contra la desaparición forzada, pero que contenga los más altos estándares internacionales en la materia y sea resultado de una verdadera consulta a la sociedad civil, a los familiares de las víctimas y a los expertos.