os Chuchos rehabilitaron ayer su espíritu de colaboracionismo entusiasta con Los Pinos al proponer el diputado Jesús Zambrano, con aires de pretendida solemnidad patriótica, que el señorpresidentismo regrese al Congreso federal en forma de diálogo directo de Enrique Peña Nieto con las cámaras, a fin de llegar a acuerdos como los habidos en la legislatura recién pasada a título del Pacto por México.

El boceto del Pacto por el 2018 fue presentado por el sonorense Zambrano en su condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego de recibir en San Lázaro la documentación correspondiente al tercer Informe de labores realizadas por Peña Nieto y su equipo al frente del gobierno de la República. La entrega la realizó el vicepresidente B (el A es Luis Videgaray, según se vio en la reciente batería de reacomodos en el gabinete federal), Miguel Ángel Osorio Chong, a quien Zambrano pidió que llevara a Peña el mensaje de que debe volver la época en la que era personalmente el titular del Poder Ejecutivo quien entregaba su informe y dialogaba y discutía con los legisladores. El perredista le puso a su ofrenda alguna pizca de presunta crítica circunstancial al decir que no hay conformidad con el rumbo del país (¡oh, cuánta osadía chucha!) y adelantó que si en las semanas siguientes se pueden escuchar de él mismo (EPN) las consideraciones en los salones legislativos, sería una señal positiva y poderosa para el fortalecimiento de la democracia.

Para demostrar públicamente cuán aceitados están ya los mecanismos de entendimiento entre el peñismo y la nueva legislatura federal, Osorio Chong hizo saber que el ocupante de Los Pinos no hará uso de la facultad de enviar una iniciativa con carácter preferente (a la que el Congreso debería dar atención y respuesta expeditas) y que dejará a los diputados y senadores que ellos solitos determinen el ritmo y los temas de su actuar. La nueva versión del Pacto por México tuvo ayer hasta visualmente casi los mismos personajes sustanciales: Osorio (subsistente a pesar de la ingobernabilidad nacional, el disparo de las acciones criminales contra la sociedad y la significativa salida de prisión de El Chapo), César Camacho (ahora diputado y coordinador de su bancada, quien antes fue presidente del PRI), Jesús Zambrano (que no pudo ser coordinador de los diputados del sol azteca pero se encaramó en la presidencia de las sesiones de San Lázaro para demostrar que el chuchismo no se jubila) y ya no Gustavo Madero (relegado por su hechura, Ricardo Anaya) sino Roberto Gil, el ex secretario particular de Felipe Calderón. El Pacto por México II, va.

A diferencia de las mieles compartidas en México entre líderes partidistas, oradores legislativos (ayer en San Lázaro se reanudaron las sesiones de críticas y defensas previsibles, en rondas que no van más allá de lo escenográfico, del ritual concertado) y gobierno en turno, en Guatemala se combinaron la presión popular y el interés de Estados Unidos para propiciar el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina (general largamente acusado de genocidio) y hacer que responda a las acusaciones de corrupción en operaciones aduaneras.

Con la embajada gringa apoyando abiertamente las protestas populares, la fiscalía estatal y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han documentado las maniobras de ratería desde el poder ejecutivo, lo que ha llevado al encarcelamiento de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y ahora al retiro de la inmunidad judicial del presidente Pérez Molina. Allá no hubo Virgilio Andrade que diluyera el tema de la Casa Blanca ni bastaron las disculpas de Peña con sabor a burla ni las explicaciones burdas de Videgaray respecto de imprecisas obras de arte y cheques por cobrar que le permitieron hacerse de una residencia campestre. En México, viendo lo sucedido en Guatemala, estamos en Guatepeor (no hay ni remotamente una valoración negativa respecto del respetado país vecino, sino el uso de un popular juego de palabras: salir de Guatemala para entrar a Guatepeor).

El presidente municipal priísta Juan Manuel Diez Francos (tiene pequeñas efigies en su domicilio particular de Augusto Pinochet y de Francisco Franco, de quienes es admirador, como el gobernador veracruzano Javier Duarte lo es abiertamente del español) instaló una estatua del dictador Porfirio Díaz en la plaza pública Bicentenario de Orizaba, a unos cinco kilómetros de Río Blanco, donde a principios del siglo pasado se produjo una expresión cruda del estilo de gobierno de mano dura del ahora homenajeado, quien castigó a trabajadores textiles en demanda de mejores condiciones laborales con un saldo de centenares de obreros muertos.

El empresario Diez Francos pagó la estatua con su propio dinero (la realizó el poblano Bernardo Luis López Artasánchez, quien asegura que Donald Trump le pidió que le hiciera un retrato) y consiguió la votación del cabildo de Orizaba para instalar por primera vez una representación de Díaz en una plaza pública después de 1910 (en Tampico hay también una estatua, pero en el balcón de una propiedad privada, hacia la calle). Invitó a la inauguración a Peña Nieto y a las principales autoridades federales, a sabiendas de que la fecha no era propicia. Al gobernador Duarte le había informado e incluso iba a estar en una comida con notables de la región (canceló su asistencia a causa de un acto con la Marina) para informar de la reivindicación escultórica porfirista.

Con algunas protestas y con el antecedente de la estatua de Fox que priístas derribaron en octubre de 2007 en Boca del Río, Veracruz, la reaparición en metal del dictador Díaz coincide con el primer día de actividades de diputados federales y senadores que, conforme a las reformas constitucionales peñistas de febrero de 2014, podrán relegirse en periodos inmediatos, igual que podrá suceder con diputados locales y presidentes municipales. ¡Hasta mañana, con un México al que ya no estremece el descubrimiento de unos treinta mil restos óseos en un municipio de Nuevo León!

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