on la llegada de septiembre, toca el turno al tercer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, mismo que llega con un panorama diametralmente opuesto a los dos anteriores, en los cuales podía, entre otras cosas, resaltar la rápida aprobación y posterior decreto de las 11 reformas estructurales, pues estas prometían prosperidad y rápido desarrollo para México.
Sin embargo, lejos ha quedado ya el mexican moment, este último año la administración federal se ha enfrentado a duras embestidas. El próximo 26 de septiembre se cumple el primer año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, semanas después se suscitaron los escándalos de las casas de Las Lomas y Malinalco, la presunta ejecución a manos de elementos del Ejército en Tlatlaya se unió a la debacle, y durante todo el año la calamitosa baja en los precios del petróleo y la continua depreciación del peso mexicano fue una constante y se prevé así prevalezcan estos escenarios.
Por si todo esto fuera poco, hace casi dos meses Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en un hecho imperdonable
, como lo calificará en su momento el propio mandatario, se fugó por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad, con una aparatosa operación que, según los expertos, se llevó entre 12 y 15 meses para su organización y ejecución, y con un costo calculado de al menos 5 millones de pesos, solamente para la construcción del túnel, sin contar lo que seguramente se desembolsó para comprar silencios y complicidades.
Ante todos estos escenarios, antes de rendir su tercer Informe de gobierno el presidente Peña Nieto realizó una restructura en su gabinete, la cual se compone de 10 cambios, entre los cuales destaca la remoción de Monte Alejandro Rubido, quien se desempeñaba como comisionado Nacional de Seguridad, en su lugar entra el ahora ex coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, cargo que ostentaba desde enero de 2014.
Sales Heredia representa una esperanza; es un extraordinario abogado, excelente investigador y servidor público probo. Llega al cargo con la encomienda especial de fortalecer las acciones para la recaptura de El Chapo Guzmán, así como de generar esquemas de seguridad que brinden confianza en la sociedad y principalmente en el sector de inversionistas para generar empleo. Tarea titánica y en extremo complicada, dado el grado de infiltración que el narcotraficante ha perfeccionado en los años recientes en los distintos órdenes y niveles de los aparatos de seguridad pública y nacional, y en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha insistido en su discurso ante la opinión pública nacional e internacional que la investigación sigue abierta y que se continúa trabajando en encontrar y castigar a los responsables de la fuga, tanto fuera como dentro del penal del Altiplano.
Al parecer la PGR ya prepara algunas consignaciones para los próximos días, pues de acuerdo con la procuradora general de la República, Arely Gómez, se ha procedido con el arraigo de ocho personas relacionadas con los actos de corrupción que permitieron la fuga de Guzmán. No obstante, es evidente que aún falta mucho para consignar a todos los responsables de las ya dos fugas del capo y por desmantelar su cadena de operación y a toda la red de infiltrados en el gobierno mexicano.
Ya que no solamente se trata de elementos y servidores públicos de las áreas de seguridad, también están implicados políticos de alto nivel, es por ello que en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que se debe castigar sobre todo a los involucrados que se encuentran en las altas esferas del poder, mismos que hacen posible el nivel de protección que ha alcanzado El Chapo. Reclaman encarecidamente que al menos se inicie por uno, para mandar así, una señal de que el combate es integral y total.
Para el gobierno estadunidense, Joaquín Guzmán y su organización criminal representa una afrenta de múltiples aristas, pues ha dejado de ser sólo un tema de seguridad y salud públicas, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, debido a la construcción de la más importante y compleja red operativa de distribución de droga en 30 de sus 50 estados, así como de que ya cuentan con una amplia y poderosa estructura de sicarios para garantizar el control de sus territorios, pero aún más por los nexos que sostienen con algunas organizaciones terroristas.
Un informe inteligencia de la DEA ubicó al cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales que surten de droga a grupos islamistas del occidente africano, quienes al revenderla obtienen ganancias que ponen al servicio de sus causas. “Los nexos entre el tráfico de drogas y el terrorismo siguen creciendo y no es una tendencia nueva. El narcoterrorismo puede ser ampliamente definido como el solapamiento de las actividades del tráfico de drogas y el terrorismo”, sostiene el reporte denominado Combatiendo al crimen organizado trasnacional, de acuerdo con lo publicado por la revista Proceso en diciembre de 2014.
En este esquema la captura de Guzmán por los aparatos de inteligencia y seguridad de EU es una prioridad y una operación en curso. Basta recordar la operación llevada contra Osama Bin Laden. También el gobierno mexicano subraya que es su prioridad y así debe ser si se quiere recuperar legitimidad en la materia y confianza en esta segunda mitad de gestión.
*Analista en temas de seguridad, educación y justicia
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