n 1998 el gobierno mexicano firmó un préstamo con el Banco Mundial para introducir la competencia de mercado y la libre elección en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un objetivo fue crear Organizaciones Administradoras de Servicios de Salud (OAS) cuya función sería recibir el financiamiento de ese instituto y comprar servicios para sus afiliados. Inicialmente las OAS deberían ser internas, pero con el compromiso de tener varias de ellas privadas operando en 2000. No ocurrió; sin embargo, con la reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 2015 está de nuevo en la agenda. No es casual que la Asociación Mexicana Instituciones de Seguros (AMIS) dedicó su reunión más reciente al tema de salud. Para ello encargó la elaboración de un documento a Funsalud y a la Universidad Anáhuac. Debe verse como un paso para concretar el propósito gubernamental de desarrollar el mercado de salud.
Este documento plantea varias propuestas de asociación público-privada que significarían la transferencia de fondos públicos a las aseguradoras privadas con el argumento de mayor eficiencia y calidad de lo privado. La primera se denomina el Seguro Popular (SP) competitivo
, en la que las autoridades federales y estatales transferirían sus fondos de salud a las aseguradoras para que compren servicios para los afiliados al SP. Es decir, se introduciría un intermediario privado en el sistema. Este esquema también prevé la posibilidad de que el afiliado pague un complemento a la aseguradora para ampliar su cobertura de servicios. Otra propuesta es que las aseguradoras sólo gestionen la atención de padecimientos de gastos catastróficos organizando redes público-privadas de atención.
Una tercera propuesta sería el SP para la clase media
pensada para 50 por ciento de la población que debería pagar una prima al afiliarse, pero no lo hace por su rechazo a los servicios públicos. Los fondos públicos se complementarían con pólizas de cobertura complementaria de enfermedades no cubiertos por el SP con acceso a prestadores privados. Sería un Seguro Popular-Plus. Este último es semejante a la llamada Protección para microempresarios
. Otra propuesta es el SP integral
que sería un seguro complementario, que el afiliado paga a la aseguradora para tener la misma cobertura de servicios que la del IMSS. Sería una especie de seguro de gastos médicos mayores. Por último, se propone cobertura efectiva para enfermedades crónicas
para ofrecer al SP y al IMSS un esquema de gestión privada de prevención y manejo de enfermedades crónicas, pero excluyendo al cáncer.
Sobra señalar que estas propuestas incrementan la inequidad en salud en función de la capacidad de pago y segmentan todavía más el sistema de salud. No son, sin embargo, ajenas a las políticas gubernamentales. El IMSS ya experimenta con la subrogación de la atención de diabéticos y la Secretaría de Salud advierte que hay que buscar nuevas alternativas de atención y financiamiento ante las restricciones del presupuesto del SP y desarrollar el mercado de salud.
Las propuestas de AMIS-Funsalud vienen justo cuando los países latinoamericanos pioneros en el aseguramiento obligatorio con asociación público-privada, Chile y Colombia, están revisando sus esquema. El primero de esos dos países ha tenido enormes dificultades para regular a las aseguradoras privadas (ISAPRE), con la finalidad de que cumplan con proteger la salud de sus afiliados. Para ilustrarlo, se puede señalar que ofrecen mil 200 diferentes planes de salud con topes de gasto, copagos y exclusiones muy variadas, cuyas implicaciones son muy difíciles de desentrañar. Siguen además con prácticas de selección adversa de sus afiliados, asegurando a personas de altos ingresos y bajo riesgo de enfermar. Logran apropiarse de 46 por ciento de la recaudación nacional para salud con el propósito de atender a 17 por ciento de la población y tienen ganancias de entre 44.5 y 18 por ciento, según el método de cálculo.
El sistema colombiano, que da prioridad a las aseguradores privadas y tiene un fondo único de salud, literalmente quebró en 2008, entre otras cosas, por los fraudes, desvío de recursos, el mal cálculo de las cotizaciones y la violación del derecho constitucional a la salud. Además, se ha desmontado el sistema público incluso vendiendo hospitales y modificando la contratación del personal con una creciente precariedad del empleo y esquemas de pago por desempeño. No inesperadamente se han unido exitosamente los trabajadores de la salud, usuarios de los servicios, organizaciones de izquierda y académicos para formular una política alternativa y una nueva legislación que garantice el derecho a la salud.
