René Jaime Mungarro, ex apoderado legal de la constructora Urbi, detenido el sábado pasado en Nuevo León y quien permanece preso en un penal del estado de México, rechazó las acusaciones de fraude. Frente a autoridades judiciales basó su defensa en que supuestamente dejó de representar a dicha empresa en 2003, meses antes de que la compañía terminara la edificación de cientos de casas en Tecámac y Cuautitlán Izcalli, que fueron construidas con materiales de mala calidad y vendidas con un sobreprecio de 40 por ciento.

Sin embargo, en la causa penal l76/2014-2, abierta por los delitos de fraude y fraude por fraccionadores (a la que tuvo acceso La Jornada), existen documentales públicas expedidas por el gobierno mexiquense que demuestran que en agosto de 2004 Mungarro aún estaba autorizado por Urbi para fungir como representante legal.

El Ministerio Público del estado de México imputa a Mungarro formar parte de un megafraude inmobiliario, el cual implica la venta de miles de casas de interés social con sobreprecio. También lo acusa de simular actos jurídicos para adquirir terrenos irregulares –en contubernio con autoridades mexiquenses y notarios públicos–, en los que Urbi edificó varios fraccionamientos habitacionales en los municipios de Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

En tanto, José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, Asociación Civil, dijo ayer en conferencia de prensa que más de 6 mil casas del conjunto urbano Villa Real quinta sección, fases uno y dos, y sexta sección, ubicadas en Tecámac, fueron vendidas, en la década pasada, sin que Urbi contara con la autorización legal del estado de México.

Expuso que este hecho es la base del proceso que tiene en la cárcel a Mungarro, acusado del delito de fraude por fraccionadores, sancionado en el artículo 189 del Cógido Penal del estado de México, que se castiga con prisión de cuatro a 10 años.

Este es el primer caso en que se logra llevar a prisión a una persona relacionada con empresas vivienderas, cuyos desarrollos se efectuaron principalmente en el estado de México, tras el auge inmobiliario reportado de 1999 a 2011, justo en el periodo en que Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto fueron gobernadores de la entidad.

El próximo viernes, a las 20 horas, la juez de primera instancia del distrito judicial de Ecatepec, con residencia en el penal de Chiconautla, resolverá la situación jurídica de Mungarro (detenido el sábado pasado en Monterrey, Nuevo León), ya sea con auto de formal prisión o de libertad.

Documentos judiciales en poder de este diario confirman que el 20 de agosto de 2004 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de México autorizó a Mungarro disminuir el monto de la fianza otorgada en garantía por la entrega del conjunto urbano de tipo mixto denominado Villa Real, quinta sección, fase uno”, ubicado en Tecámac.