Brasilia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que su gobierno enviará al Congreso nuevas propuestas para cubrir el déficit primario del presupuesto proyectado para 2016, al tiempo que negó que su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, esté debilitado y aislado dentro del Ejecutivo.

En declaraciones a periodistas, Rousseff dijo que los problemas fiscales del país son temporales y rechazó las opiniones que aseguran que la previsión de un déficit presupuestario primario para 2016 anunciado el lunes es desastrosa para el país.

Estamos mostrando claramente que hay un problema, señaló la mandataria.

Levy enfrentó en el Congreso fuerte oposición a su plan de austeridad fiscal, así como en sectores de la industria brasileña. El lunes advirtió que muchas de las medidas necesarias para evitar el déficit dependen de la voluntad del Legislativo para cortar el gasto público, ya que la mayoría de sus gastos son obligatorios, es decir, que sólo pueden modificarse por ley.

En vez de lograr un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) de 0.7 por ciento del PIB, como estaba previsto inicialmente, el gobierno prevé ahora un déficit primario de 0.5 por ciento del PIB para 2016, equivalente a 30 mil 500 millones de reales (8 mil 413 millones de dólares.

La oposición, en tanto, evalúa apoyar el pedido de apertura de un proceso de destitución contra Rousseff presentado ante la Cámara de Diputados por el jurista Hélio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores, con el argumento de que la presidenta incurrió en delito de responsabilidad al maquillar las cuentas públicas. Además, la acusa de estar al tanto del escándalo de corrupción en Petrobras.

En este contexto, se informó que la compañía constructora más grande de Brasil, Odebrecht SA, fue condenada judicialmente por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en una planta de azúcar y etanol que construye en Angola. Un juez ordenó a Odebrecht que indemnice con 50 millones de reales (13 millones de dólares) a unos 400 trabajadores afectados.

Y en otro punto de tensión, la muerte a balazos de un líder guaraní y la ocupación de varias estancias por familias guaraníes agravó la tensión entre indígenas y hacendados por la disputa de tierras en el centro oeste de Brasil.