Tormenta en puerta
Programas sociales, objetivo
Recursos sin destinatarios
uentan en diferentes ámbitos de los gobiernos tanto locales como federal, que se avecina una tormenta sobre los programas sociales que se han ejercido en bien de ciertos sectores de la población que carecen de recursos para satisfacer algunas de sus necesidades.
Los pretextos para hacer desaparecer muchos de esos programas sociales son los que oficialmente se han manejado para tratar de explicar la situación económica de todo el país, incluida, desde luego, la ciudad de México. Esos pretextos son: la inestabilidad de los mercados financieros en el ámbito internacional, en primer lugar, y la caída en los precios del petróleo, que ha venido carcomiendo todas las expectativas de crecimiento del país para el próximo año.
Frente a esas dos realidades no queda de otra que cancelar muchas de las ayudas que hasta ahora recibe la gran mayoría de familias pobres. Según algunos datos que nos han proporcionado, en todo el país, entre todas las instancia de gobierno se han creado por ahí de 4 mil programas; muchos de ellos, hay que reconocerlo, no parecen tener destinatario y sus recursos no se tiene certeza de dónde han quedado.
Por eso, hoy se dice que es necesario depurar esos programas, que cuestan muchos miles de millones al gobierno federal, y desde luego al del DF, sólo que en el caso del gobierno de Miguel Ángel Mancera los programas se han ido depurando, y a la fecha sólo quedan 151 de los más de 200 que se ejercían al inicio de este gobierno.
De esos 151, sólo 28 son ejecutados por las diferentes secretarías de gobierno, 24 los opera el grupo de organismos descentralizados, como el DIF, por citar alguno, y los 99 programas restantes están en manos de los gobiernos delegacionales. En el caso del DF, que inició esta ruta de ayuda para los más necesitados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los programas de asistencia social son ahora un instrumento de gobierno, o de gobernanza, que en mucho significan que los citadinos puedan pasear por las calles del DF con alguna tranquilidad.
Es decir, este tipo de ayuda es, de la manera que se le quiera ver, una especie de red de protección frente a la seducción falaz del dinero fácil del crimen organizado. Para decirlo de otra manera: el gobierno invierte en la paz de sus calles. No podríamos decir que esa paz es total y que la venta y consumo de drogas, que aunque sea en la modalidad de menudeo, existe en el DF, no dejan su huella violenta; sería una mentira grave, pero también resulta justo reconocer que la ciudad de México, aun siendo la más poblada del país, tiene zonas de muy alta calificación en seguridad.
Y es que el gobierno de Miguel Ángel Mancera entendió, así parece, desde hace muy buen tiempo, que las condiciones de pobreza que se viven en muchos lugares de la gran capital son focos que se pueden infectar de violencia casi a la menor provocación, y que ofrecer ayuda a esos sectores es tratar de comprar un seguro en contra de la violencia. Por eso, aunque los programas se redujeron, no perdieron, de ninguna manera, su esencia.
Pronto se habrá de discutir muy en serio la utilidad de los programas sociales en el ámbito federal, y se descubrirán cosas inaceptables –dinero que no tiene un foco preciso, por ejemplo–, y se dará una selección de lo necesario y lo inexplicable. Ya lo veremos.
De pasadita
El descontento en contra de las constructoras en el DF va en aumento, y es que los abusos de ese sector hacia la población y la impunidad con que cometen cualquier arbitrariedad contra quienes les compran es cada vez más insoportable, y no existe ninguna ley ni las ganas de impedirles que sigan por ese camino. ¡Cuidado con eso, puede explotar!
