Representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil se reunirán el próximo 9 de septiembre con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y legisladores para entregarles un documento con los temas y contenidos que, desde su perspectiva, no pueden quedar fuera de la nueva ley de desaparición forzada.

Este encuentro nacional, al que acudirán representantes de colectivos de todo el país y familiares de las víctimas de desaparición forzada, fue exigido por las organizaciones ante lo ofensivo e inútil que resulta la consulta pública puesta en práctica por el gobierno federal en una página electrónica.

Blanca Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, expresó la gran preocupación que tienen las organizaciones de derechos humanos sobre el proceso de consulta, pues en el gobierno se sigue pensando en una ley de no localizado, y no tanto en personas desaparecidas, lo cual es gravísimo.

Esto demuestra, agregó, la negación de una problemática social de dimensiones que no hemos tenido en décadas, y que está directamente vinculado a todo el fenómeno de violencia que enfrenta el país.

Sobre la reunión que el día 9 de septiembre sostendrán con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y legisladores, dijo que está por encontrarse un espacio amplio, pues se espera que acudan alrededor 200 representantes de diversas organizaciones de todo el país, así como familiares de desaparecidos.

Además, precisó que el documento que será entregado a funcionarios y legisladores se viene preparando desde hace más de un mes con cinco reuniones regionales. No es estrictamente una propuesta legislativa con artículos e incisos, que ya le tocará a los técnicos, sino más bien sobre los contenidos y temas que no puedan quedar fuera de esta ley, señaló la directora del centro diocesano de Saltillo.