Ante la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano ha asumido una política de simulación, en la que, por un lado, asume un discurso de abierta condena y hasta genera leyes para su atención, pero por el otro, en los hechos, no se observa una voluntad política de crear los mecanismos ni las estrategias para asegurar cambios de fondo.

De acuerdo con diversas organizaciones que integran la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que este miércoles presentaron su agenda nacional de derechos humanos 2015-2020, la militarización de la seguridad pública genera más violaciones a las garantías básicas y no asegura la protección de la ciudadanía, que enfrenta casi siempre los daños colaterales, en medio de una terrible impunidad.

Además, este aumento de violaciones a los derechos humanos está acompañado de la criminalización de la protesta social y el acoso permanente para los defensores y comunicadores que pretenden visibilizar las situaciones de violencia.

Desde la perspectiva de la Red –integrada por 75 organizaciones de 21 entidades del país–, la situación de los derechos humanos es afectada transversalmente por el modelo de desarrollo neoliberal que se busca consolidar en el país, sin importar las afectaciones sociales, culturales y ambientales que pueda generar.

Incluso, afirman que en el fondo de las 11 reformas estructurales aprobadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto está la legalización del despojo y la explotación por parte de las empresas nacionales y extranjeras, que buscan apropiarse de los recursos naturales necesarios para la subsistencia de los pueblos y comunidades.

En la presentación de la agenda, realizada en la Casa Lamm, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, y varios de los representantes de las organizaciones que conforman dicho organismo, abordaron los seis temas de derechos humanos en los que se divide el documento: defensa de tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones de diversas sexual; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y políticas públicas; movilidad humana: migración, refugio y desplazamiento interno, y derecho a defender los derechos y criminalización de la protesta social.

El documento de 144 páginas titulado, Ante la diversidad y la indignación: la construcción colectiva, considera que la inseguridad y el incremento de la violencia son parte de las consecuencias del despojo criminal de la nación, en el que la delincuencia ha penetrado diversas instancias del gobierno dejando en la indefensión a la gran mayoría de la población frente a los diversos grupos del crimen organizado.

Y aunque se reconoce que el trabajo que realizan las organizaciones que conforman la Red TDT es diverso, todos coinciden en la exigencia del respeto a los derechos humanos.