as fuertes lluvias que el jueves pasado se precipitaron sobre la ciudad de México dejaron un saldo de 34 viviendas y al menos 15 automóviles afectados, deslaves de tierra en tres delegaciones, centenares de encharcamientos y un congestionamiento vial que prolongó por varias horas el tiempo de traslado de miles de capitalinos. Adicionalmente, varios conductores y pasajeros tuvieron que ser rescatados de sus vehículos, particulares o de transporte colectivo, por personal de Seguridad Pública, Protección Civil y el cuerpo de bomberos.
Las autoridades capitalinas señalaron que las lluvias registradas el miércoles y jueves habrían sido las más intensas en los pasados 30 años, a lo que se sumó, afirmaron, la obstrucción de coladeras y drenajes por la cantidad de basura que diariamente es arrojada a la vía pública.
Sin desconocer la intensidad del meteoro ni los efectos perniciosos de la falta de cultura cívica de muchos habitantes de la metrópoli, es innegable que la crisis urbana en temporada de lluvias se presenta año con año y que su impacto negativo en la vida de los habitantes y en los servicios de la ciudad difícilmente podría explicarse únicamente como resultado de un fenómeno natural; otros aspectos del problema son la topografía y la orografía del valle de México y, también, un modelo de gestión urbana que ha llegado al límite. En este sentido, si bien resulta evidente que la ciudad de México sufre una enorme generación de desechos sólidos y el manejo irresponsable que de éstos hacen los ciudadanos, no basta con quedarse en ese enunciado. Es preciso, en cambio, hacer frente a la seria amenaza que las inundaciones suponen para las vidas y los bienes de los habitantes de la capital del país.
Además de felicitarse porque en esta ocasión no hubo afectaciones humanas que lamentar, como hizo el secretario de Protección Civil capitalino, Fausto Lugo, es urgente ir más allá del enfoque paliativo y emprender las medidas correctivas de largo aliento que se requieren y que incluyen acciones puntuales en materia de infraestructura, planeación urbana –incluyendo, de ser necesaria, la redefinición de zonas de reserva ecológica– y educación ciudadana, entre otras. En este sentido, cabe preguntarse si no tendría más utilidad destinar a la ampliación y el mantenimiento de los sistemas urbanos de desagüe urbano recursos que actualmente se emplean en la realización de obras viales que generan inconformidad ciudadana y alimentan la hipertrofia del parque vehicular, y en las cuales, para colmo, resulta inevitable la formación de graves encharcamientos en épocas de lluvia.
En suma, el gobierno capitalino debe emplear los recursos que resulten necesarios para prevenir un escenario indeseable y potencialmente trágico, porque la ciudad vive bajo el peligro de una anegación mucho más grave que la que tuvo lugar en días pasados. Es tiempo de tomar cartas en el asunto.
