Comuneros despojados
a intención es clara. A los comuneros de Mezcala, en la ribera norte del lago de Chapala, Jalisco, les ratifican una sentencia de dos y tres años prisión, además de una multa de 10 días de salario mínimo, mientras al empresario Guillermo Moreno Ibarra lo reconoce la Procuraduría Estatal de Jalisco como comunero, hecho que lo haría poseedor de 10 hectáreas que mantiene invadidas desde 1999.
Los comuneros, propietarios originales de ese territorio por derecho, ganaron una batalla en el Tribunal Unitario Agrario, que ordenó la restitución de las tierras invadidas por Crescenciano Santana, prestanombres del empresario Moreno Ibarra, pero éste apeló y como recurso aseguró que era comunero. Nada más falso. Como legalmente cada comunero puede nombrar a un sucesor en vida, Moreno falsificó la firma de uno. Así nomás.
La comunidad de Mezcala tiene hoy dos frentes abiertos: por un lado exigen a la sexta sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que deseche la sentencia emitida por el juez penal de Ocotlán, Óscar Martín Morales Vázquez, quien la dictó definitiva contra cuatro habitantes de Mezcala, acusados de daño en cosas. El supuesto daño
consistió en quitar un panel solar que el empresario invasor instaló en el territorio. El otro proceso es para demostrar lo que para todos es claro, menos para las autoridades: que Guillermo Moreno no es comunero de Mezcala, pues el que supuestamente le cedió sus derechos tiene mucho tiempo hospitalizado, lo que hace imposible que se haya presentado en la Procuraduría Agraria para hacer el trámite, como él dice.
A pesar del hostigamiento y de enfrentar a uno de los empresarios más poderosos del estado, propietario de Gabbiani y Carbonato De Calcio Sol, entre otras industrias, la comunidad coca de Mezcala continúa defendiendo lo que les pertenece. La intención de fraccionar estos cerros no será posible, empezando porque el uso de suelo es comunal y aunque pretenden modificarlo, sus dueños no tienen ninguna intención de soltarlo.
El empresario ha desmontado área forestal, construido una mansión cercada con valla eléctrica y una brecha exclusiva para la circulación de sus vehículos y ha desviado el cauce de los ríos. Parece que todas las autoridades, empezando por el ayuntamiento de Poncitlán, están con él, pero los coca no ceden. Condenados de manera injusta, con procesos plagados de irregularidades, apelaron una sentencia carente de argumentos. Detener al invasor sería lo realmente justo.
