l pasado 27 de agosto el Comité Cerezo México, Acción Ur-gente para Defensores de Derechos Humanos AC, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas presentaron el informe Defender los derechos humanos en México: La represión política, una práctica generalizada (http://ow.ly/REdxz). Este tipo de esfuerzos llevados a cabo por organizaciones sociales nos confirma que la labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos es clave en la construcción de la libertad, la justicia y una verdadera democracia en nuestro país.

Son precisamente ellos quienes colaboran de manera constante en estas transformaciones con su generoso trabajo, y a decir del propio informe son quienes “se asumen como parte del movimiento social.

No son entes aislados, sino parte de colectividades que acompañan a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y les hacen partícipes en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral para toda la sociedad.

Llama la atención el cuidadoso análisis de casos y contextos que hacen las organizaciones autoras. Coincido en que estas violaciones a los derechos humanos se caracterizan por usar el terror contra la organización y protesta social, estrategia que gradualmente se perfecciona. Quienes colaboraron en la elaboración del informe no titubean en afirmar que este uso y práctica son generalizados en la represión política. Lo cual se fundamenta en estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la masividad de estas prácticas.

El informe que presentan estas organizaciones sistematiza información de junio de 2014 a mayo de 2015. Sin embargo, es el cuarto informe en esta línea, lo que significa que después de una consciente y crítica reflexión logran hacer una caracterización del actual régimen, en correlación con los anteriores gobiernos durante el pasado lustro.

Con ello se pueden identificar pautas en el modo de violar derechos humanos del Estado. Por otro lado, estas violaciones a garantías se dan en la gran mayoría de los estados. Guerrero y ahora nuevamente el Distrito Federal se colocan como las entidades con el mayor número de violaciones a derechos. No hay manera de soslayar hoy en México que estos agravios son perpetrados por agentes del Estado, y se dirigen de manera focalizada a personas o grupos que históricamente han estado contra la violencia estatal, tal como sostiene el informe, confrontando a los malos gobiernos y denunciando las graves violaciones a derechos humanos.

Otro aspecto importante se relaciona con la poca o nula respuesta del sistema de justicia para atender estos ataques a defensores de derechos humanos. Existe impunidad. Es evidente que las instituciones se quedan cortas para hacer efectivos los derechos de las víctimas y garantizar efectivamente el acceso a la justicia y reparar los daños.

Las organizaciones autoras sostienen atinadamente que a la profundización de la estrategia neoliberal y a la política que permite actuar a grupos criminales contra la población se suman otros mecanismos, como la militarización institucional y de la vida social.

Según el informe esto se refiere a que existe presencia de las fuerzas armadas en todo el territorio, pero también a que militares estén a cargo de agendas relacionadas con temas de seguridad pública. Con este panorama se constata que la vida de las personas y pueblos está en segundo lugar para el actual régimen. Basta revisar las cifras que proporciona este informe para convencernos que tenemos un Estado contrario a las garantías fundamentales. Por ejemplo, cuando hacemos la suma de violaciones a derechos humanos, éstas alcanzan 860 en lo que va del sexenio, y se incrementan hasta en 185 en lo que va del año con respecto al informe anterior.

En tan sólo un año se identifican aumentos en el uso de estrategias de control social, represión política y acciones de contrainsurgencia del Estado contra defensores de derechos humanos. Las violaciones a las garantías básicas que se documentan ponen en riesgo el ius cogens, derechos fundamentales que es imperativo no suspender o violentar bajo ninguna circunstancia.

La tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son sin duda violaciones graves a derechos humanos, pero que, además, se pueden configurar como delitos de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, los hostigamientos, las agresiones, las amenazas y la prisión por motivos políticos se han constituido también como métodos usuales para implantar el terror.

Los pormenores de los datos y estadísticas están en el informe que ahora se puede leer y consultar. Sin embargo, no podemos olvidar que un dato es poco importante si no recordamos que se trata en realidad de personas criminalizadas y reprimidas.

Respecto al tema de la desaparición forzada, los casos que fueron documentados, entre los que se cuenta el de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, nos ayudan para no cesar en la exigencia al Estado mexicano de que atienda de inmediato la petición de familiares y organizaciones sobre la formulación de una ley general sobre desaparición forzada en el Congreso.

En este punto solicitamos al Ejecutivo federal no recurrir a su facultad de presentar una propuesta de ley preferente en la materia, pues dejaría fuera todos los esfuerzos que la sociedad civil ha hecho sobre esta legislación, que además se fundamenta en las recomendaciones que organismos internacionales han hecho al Estado mexicano. La voz de las víctimas es fundamental para avanzar en la garantía efectiva del derecho que tenemos todas las personas para no desaparecer.