Cuando los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron por primera vez con las madres y padres de los normalistas de-saparecidos, ejecutados o heridos durante los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre, una súplica de esas humildes familias los removió. Fue una frase simple, pero profunda: ‘‘Díganos siempre la verdad, no nos mientan’’.

Ese 2 de marzo, en su primera reunión en la Normal de Tixtla, las familias abrieron su corazón a los investigadores extranjeros y les dijeron que depositaban en ellos toda su confianza. ‘‘Cuando hay miedo –y en Guerrero, especialmente en Iguala y Cocula, el miedo es profundo–, la confianza es lo más difícil de obtener. Para nosotros fue un regalo y un compromiso’’, expresa Carlos Beristain, miembro del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esa característica, la de reunir en un equipo distintas disciplinas, permite que los cinco se integren y complementen de manera especial.

Bajo el cobijo de esa confianza de las familias y los sobrevivientes, los especialistas trabajaron seis meses revisando las actuaciones hechas y añadiendo las propias. La primera etapa de su labor terminó el domingo con la entrega de un informe final.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó finalmente que está dispuesto a ampliar seis meses el mandato del GIEI, como está previsto en el convenio del gobierno mexicano con la CIDH. ‘‘Es algo positivo e importante, porque si bien hemos podido avanzar en estos seis meses, aún hay temas claves para profundizar: telefonía, balística y los resultados de las pruebas de ADN que se entregaron en Innsbruck la semana pasada’’, comentó la guatemalteca Claudia Paz. También aseguró: ‘‘Iremos gustosos a una entrevista’’ con el mandatario.

Polémica en torno a una hoguera

Entre las conclusiones del informe se descarta –por ser ‘‘científicamente imposible’’– que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, adelanta una hipótesis sobre el móvil del crimen que nunca fue trabajada como línea de la averiguación previa de la PGR: que las distintas corporaciones policiacas participantes en los sucesivos ataques y el crimen organizado quisieron impedir, aun a costa de una violencia sin control, que los cinco autobuses que llevaban los estudiantes salieran de la ciudad, ya que, sin saberlo, los jóvenes podrían haber tomado un vehículo cargado con droga.

Respecto a la forma como el domingo echaron abajo la tesis de la incineración en Cocula, que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó a la opinión pública como ‘‘verdad histórica’’ el 27 de enero, ayer el subprocurador para Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, defendieron esa conclusión, recordando que la dependencia también sustentó su versión en numerosos peritajes. ‘‘Más de cien peritos no pueden estar equivocados’’, dijo Zerón de Lucio. ‘‘Murillo no mintió’’, aseveró Muñoz.

Interrogados sobre esta reacción, los expertos internacionales respondieron: ‘‘Preferimos evitar caer en una confrontación sobre quién tiene la razón. Hay que ir a las pruebas técnicas y éstas acreditan que en ese lugar no pudo haber una incineración’’.

A su vez, explicaron las razones por las que incorporaron, como pericia cierta, el estudio del especialista peruano de la Universidad de Queensland, en Australia, José Torero. Su peritaje incluyó una visita al tiradero de Cocula, el análisis de los niveles de radiación de una pira en un espacio abierto, el estudio de la vegetación, la revisión de los expedientes realizados con la PGR y una larga reunión con muchos de los peritos que participaron en la investigación.

Incluso, uno de los libros de la literatura sobre fuego que los peritos de PGR citaron era precisamente de la autoría de Torero. Entre otras intervenciones profesionales, el peruano fue perito especializado en fuego en el caso de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

La voz de las víctimas

Pero el Informe Ayotzinapa, que desde anteayer es noticia principal en todos los medios y objeto de reacciones en el espectro social, no pretende ser únicamente un documento sobre los aspectos penales del caso. ‘‘Quisimos también, y sobre todo, reflejar aquí la voz de las víctimas. Esta experiencia de desaparición forzada debe ser entendida por la sociedad en toda su profundidad’’, puntualizó Beristain.

La guatemalteca Claudia Paz y Paz, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox y el vasco Carlos Beristain abrieron un espacio en su agenda para hablar con este diario y delinear varios puntos necesarios para rencauzar las indagatorias, con el objetivo principal de aportar certezas sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Todos coincidieron en que un problema medular en el manejo del caso por las autoridades es que hay una ‘‘desconexión entre las historias’’. Por una parte se documentan e investigan las circunstancias de antes y durante el ataque por los cuerpos de seguridad, y por otra se presenta lo que las autoridades dicen que sucedió en el basurero de Cocula con la intervención de presuntos miembros del crimen organizado. ‘‘Es como si la acción de la policía fuera una y después hay otra cosa totalmente distinta, donde aparecen los Guerreros unidos. Y nos refieren que el único punto de conexión es la entrega de los normalistas’’.

Coincidieron también en cuanto al vicio central de la investigación: la base para sostener la tesis de la desaparición de los 43 estudiantes, presuntamente incinerados en una hoguera después de ser ejecutados y arrojados al río San Juan, parte únicamente de las declaraciones de los presuntos perpetradores. Y según estas versiones –principalmente los dichos de cinco de ellos, procesados y presos en Tepic–, a los jóvenes los mataron y quemaron porque eran del grupo criminal rival Los Rojos y se pensaba que habían llegado a Iguala a ‘‘disputarles la plaza’’.

Pero estas declaraciones –explican los expertos– no están confrontadas con las versiones de otros testigos o actores ni están sustentadas en otras pruebas procesales ni en evidencias duras. No se analiza si estas declaraciones tienen consistencia interna o externa.

Cuando el GIEI confronta las versiones de los presuntos perpetradores encuentra contradicciones e inconsistencias muy evidentes. En síntesis, halla en el expediente de la PGR cuatro versiones. Una, que los estudiantes llegaron a Iguala para matar a unos narcos, Los Benítez, en el autolavado llamado Los Peques. Dos: que los habrían llevado al paraje de Pueblo Viejo, donde los asesinaron y enterraron. Tres, que después de un enfrentamiento capturaron a 17 estudiantes, los llevaron a una casa de seguridad y ahí los mataron. Y cuatro, la versión del basurero de Cocula.

Aunque está demostrado con evidencias que estas historias ‘‘no son ciertas’’, son versiones distorsionadoras que contribuyeron a estigmatizar a los estudiantes. A las familias se les lastimó mucho con el mal manejo de la información que se filtró a los medios de comunicación.

Cuando los especialistas acudieron al penal de Tepic para entevistarse con los procesados del caso, también hablaron con cinco presuntos homicidas. En su conversación, negaron ser miembros de Guerreros unidos y haber cometido los hechos que el expediente les atribuye. Todos presentaban lesiones. El GIEI ha sostenido que las autoridades deben investigar la presencia de posible tortura. ‘‘No estamos diciendo que fueron torturados, sino que es algo que debe investigarse’’.

Sostiene Cox: ‘‘Si hay una lección que puede aportar nuestro trabajo es justo que no hay que confiar tanto en las confesiones y declaraciones. Éstas pueden ser el punto de inicio, pero se deben confrontar con distintas pruebas. La investigación criminal debe ser analizada en el marco de evidencia dura, objetiva, distinta, que confronte’’.