La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en obstáculo para la implementación de medidas disciplinarias, inhabilitación, destitución, no ratificación en el cargo y cambios de adscripción destinados a combatir la corrupción de jueces y magistrados federales.

Fuentes judiciales señalaron lo anterior y explicaron que gran parte de las medidas disciplinarias y correctivas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de juzgadores son impugnadas ante la SCJN, la cual, en la mayoría de los casos, deja sin efecto las decisiones de los consejeros.

De acuerdo con una relación de las revisiones administrativas presentadas por jueces y magistrados ante la SCJN contra resoluciones de consejeros federales, los fallos en favor de éstos son de prácticamente dos contra uno, particularmente en los casos más graves, como destituciones o no ratificaciones en cargos.

Sólo de 2011 a la fecha, los sancionados por asuntos graves presentaron más de 30 recursos ante la Corte. De éstos, seis se resolvieron en favor de jueces y magistrados y sólo en tres casos se ratificó la decisión del CJF. El resto continúan pendientes. Ello, según funcionarios consultados, abona a la corrupción de los malos juzgadores.

Los entrevistados recordaron que cuando era presidente de la SCJN y del CJF, Genaro Góngora Pimentel decía que era muy difícil actuar en contra de los malos juzgadores, porque eran corruptos, pero no tontos.

Además, el CJF no cuenta con las herramientas legales ni el personal suficiente para investigar a los jueces que están bajo sospecha.

Pero aun así, indicaron los funcionarios, cuando el consejo tiene elementos para sancionar a un juzgador, cuando la segunda sala resuelve las revisiones administrativas, los ministros dejan sin efecto las sanciones, porque no estaban fundadas ni motivadas.

Entre los jueces y magistrados favorecidos por la segunda sala en los pasados cuatro años destacan: Miguel Ángel Ramos Pérez, quien no había sido ratificado en el cargo de magistrado; Luis Alberto Ibarra Navarrete, Ramón Arturo Escobedo Ramírez y Miguel Ángel Ramos Pérez, destituidos de sus cargos, y Jorge Alfonso Álvarez Escoto, inhabilitado un año.

Destacan los casos de Enrique Torres Segura, quien ganó recursos legales en la Suprema Corte contra su inhabilitación y destitución. Además, fue restituido en su cargo y le fue pagado el salario de más de dos años, periodo que estuvo separado del cargo. También está el de Rubén Pedrero Rodríguez, quien había sido inhabilitado 10 años.

Por otra parte, entre los casos en que la SCJN ha dado la razón al consejo destacan: la confirmación de la destitución en el cargo de Javier Avilés Beltrán; la suspensión en el cargo del juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, cuyo caso fue turnado por el CJF a la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente favorecer la instalación de un casino en Nuevo León, y la negativa del consejo a pagar salarios caídos de agosto de 2002 al 31 de diciembre de 2008 a Alfonso López Murillo, quien fue separado de su cargo después de que la PGR lo denunció por favorecer en sus sentencias a los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, Jesús Héctor Palma Salazar y Óscar Malherbe.

Los demás asuntos están pendientes en la segunda sala de la Suprema Corte.