La propuesta de ley federal de transparencia que se discute en el Senado debe reconocer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) es la primera instancia facultada para determinar el acceso a información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, sin esperar que haya una declaración al respecto de otra autoridad, sostuvo Ximena Puente.

La comisionada presidenta del instituto, al participar en las audiencias públicas sobre dicha norma, explicó: Con este reconocimiento legislativo no se pretende el otorgamiento de una facultad absoluta y sin restricciones que pudiera ejercerse de forma arbitraria. En eso queremos ser muy precisos. Estamos convencidos de que esa atribución interpretativa debe venir acompañada de parámetros normativos que acoten su ejercicio mediante el establecimiento de criterios cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar cada caso.

Destacó que un segundo aspecto es la ampliación del catálogo de obligaciones de transparencia. En ese sentido, comentó, advertimos la necesidad de un mayor desarrollo de las obligaciones de transparencia vinculadas con el sector energético y de hidrocarburos, que hoy por hoy es el objeto de regulación en leyes como la de la industria eléctrica o la del aprovechamiento de energías renovables y el funcionamiento de la transición eléctrica.

Por lo que se refiere a cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, podemos ir más allá y asumir que no basta con la difusión del nombre y los montos disociados de los beneficiarios, sino debe establecer su vinculación para propiciar una efectiva rendición de cuentas en temas de innegable interés para la sociedad.