Con un certificado expedido por expertos, los consumidores podrían tener la certeza de que los profesionales que se encargan de salud, libertad, vida, seguridad o patrimonio, entre otras, realmente saben lo que hacen y están actualizados. El Senado está por discutir una iniciativa que modificaría la Constitución y podría hacer que la certificación periódica se volviera obligatoria para los que se gradúan en la educación superior. Por ello, legisladores, rectores y académicos de escuelas pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones y de Educación Superior (Anuies) discutieron ayer el tema.

No a todos convence plenamente la idea de dejar en manos de grupos o agencias cerficadoras la decisión de quién puede o no desempeñarse como médico, arquitecto o abogado, o que estos profesionales deban pertenecer obligatoriamente a alguna asociación para ejercer. Algunos, como el senador Juan Carlos Romero Hicks o la investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Oralia Barboza Quintana, consideran que pueden surgir mafias que otorguen las certificaciones a conveniencia, que las universidades podrían perder autonomía de decisión sobre sus planes de estudio o que no habría quién certificara al certificador.

¿Cómo le vamos a decir a un alumno que acaba de graduarse que de inmediato un ente externo lo tiene que evaluar otra vez aunque acaba de ser examinado en cada asignatura que cursó en la universidad?, preguntó Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado.

Señaló que en México sólo 4 por ciento de profesionales están colegiados, es decir, pertenecen a alguna asociación de su gremio que los certifica. “No estoy de acuerdo en que la colegiación sea obligatoria, porque atenta contra el artículo noveno constitucional (derecho a la libre asociación) y porque puede haber una cartelización de colegios, que en ocasiones defienden intereses comerciales, políticos o profesionales”.

Consideró que es necesario que se legisle sobre la certificación y que ésta podría hacerla un organismo independiente, en el que estuvieran representados el gobierno, la academia y los gremios de profesionales.

Barboza Quintana ve como principal problema de la certificación que las universidades están sujetas a múltiples sistemas de evaluación, mientras los colegios de profesionistas no necesariamente tienen las credenciales académicas suficientes para valorar los planes académicos ni están sujetos a evaluación.

De los 43 programas que tenemos en la Facultad de Medicina de la UANL, 80 por ciento está en el padrón de excelencia y calidad. Para ello hubo que pasar un sinnúmero de revisiones y los profesores que pertenecen a la universidad son los competentes para evaluar si a los alumnos se les debe dar un título y una cédula para ejercer. Dijo que estipular la certificación en la Constitución podría crear caos en el ejercicio de las profesiones, aunque subrayó que la educación continua es indispensable para que los profesionales estén al día.

Tomás Rosales Mendieta, secretario académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó que actualmente la mayor parte de la gente no está preocupada porque los profesionales que contrata estén certificados. Eso nos tendría que hacer ver que no hay urgencia por hacer obligatoria la certificación.

Dijo que en el caso de los contadores quizá sería mejor iniciar por revisar la calidad de las escuelas y programas que tienen validez oficial, pues si hay profesionales buenos y malos es por las grandes diferencias que existen entre las universidades que les pueden dar un título.