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Vladimir Arzate y José Hernández robaron y vendieron a por lo menos 10 niños: PGJE

Interpol busca en 189 países a dos de los implicados en robo de bebés en Sonora
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 12 de septiembre de 2015, p. 29

Hermosillo, Son.

Carlos Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó en entrevista este viernes que la Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a dos implicados en la red de tráfico de bebés en esta entidad.

Así, son buscados en 189 países Vladimir Arzate, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, en el DIF estatal, y José Hernández López, director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Se estima que ambos robaron y vendieron a por lo menos 10 bebés en los últimos tres años, los cuáles fueron dados en adopción a parejas que habían acudido a las oficinas del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a solicitar adopciones legales, por lo que los colocaban en una lista de espera y los hacían ir a cursos de preparación.

Según los abogados de los padres adoptivos, a ellos les entregaban posteriormente bebés haciéndoles creer que estaban participando de un proceso legal de adopción, pero pasaban los días y no les entregaban los documentos correspondientes, hasta que les solicitaban grandes cantidades económicas, esto cuando los niños ya tenían varios días en sus hogares y se había generado un lazo afectivo.

Aunque en un inicio la PGJE anunció que turnaría a un juez como presuntos responsables a los padres adoptivos, luego de que trascendieron las versiones de los padres, la fiscalía desistió de cualquier persecución judicial en su contra y les regresó a los bebés para su cuidado.

Vendido en 20 mil dólares

A pesar de que hasta ahora la procuraduría dice no tener prueba de venta de bebés en el extranjero, la Fundación Find presentó esta semana en la capital Hermosillo una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. En ésta señala que al menos un bebé fue vendido en Estados Unidos por 20 mil dólares, y se sospecha que serían muchos más los funcionarios estatales implicados en la red y los niños que fueron robados a madres en condiciones vulnerables, como adictas a las drogas o en extrema pobreza.