auricio Gamboa, director general del Buró de Crédito, reconoció ayer que de 2011 a la fecha ha tenido lugar un importante repunte en el delito de robo de identidad a los usuarios del sistema financiero que opera en México. En ese lapso el número de casos denunciados ante la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aumentó 233 por ciento, al pasar de 12 mil 500 a 41mil 697. Además, sólo en el primer trimestre de este 2015 se reportaron más de 13 mil casos, con lo que continúa la tendencia al alza de este delito que implica la suplantación de la identidad de una persona para dañarla patrimonialmente o para realizar a su nombre operaciones ilícitas tan graves como el lavado de dinero.

El robo de identidad es un fenómeno delictivo que afecta a millones de personas alrededor de casi todo el mundo. Se trata, sin duda, de un efecto indeseable de la revolución tecnológica y digital y tiene como telón de fondo la globalización económica. En la medida en que aprovechan las ventajas de la digitalización, quienes cometen este ilícito pueden contratar todo tipo de productos financieros a nombre de una persona sin que ésta se entere.

Pero la indefensión en que se encuentran los usuarios de servicios financieros en México y amplias partes del mundo se debe no sólo al fenómeno delictivo en sí, sino a que, al margen de éste, las instituciones financieras no han puesto el empeño necesario en la creación de mecanismos realmente seguros para el uso de sus servicios. En el caso de nuestro país, las declaraciones de Gamboa y de Luis Fabre, vicepresidente de la Condusef, reflejan que los bancos no han tomado las medidas debidas para controlar la identidad de sus clientes, pese a la abundancia de procedimientos ineficaces y burocráticos que no los mantienen a salvo de los fraudes.

La falla no sólo corresponde a las empresas bancarias que operan en el país, extranjeras en su gran mayoría, sino también a las instituciones gubernamentales encargadas de regularlas, las cuales, sin embargo, han sido laxas y omisas en el establecimiento de sistemas que realmente garanticen el patrimonio y la seguridad jurídica de quienes recurren a los productos y servicios bancarios y financieros. Si además se considera que los bancos obtienen en México unos altísimos márgenes de ganancia, muy superiores por norma a los conseguidos en sus países de origen, no hay pretexto para que se abstengan de adoptar sistemas de seguridad realmente confiables.

En este contexto resulta tardío, por decir lo menos, el anuncio hecho por Mauricio Gamboa de que a finales de año se contará con un autenticador para identificar a sus clientes. Por otra parte, es inaceptable que, según dijo, deberán transcurrir dos años para que el sistema financiero mexicano cuente con una herramienta fiable para prevenir cabalmente el robo de identidad y las operaciones ilícitas derivadas de éste.